Luis Fernandez

Ecuador: Deterioro del Pluralismo Político
Por: Luis Fernández
Ecuador conocido informalmente como “el país de la mitad del mundo”, debido a que su territorio está atravesado por la línea ecuatorial, que divide el planeta en los hemisferios norte y sur, se encamina a sus elecciones seccionales, originalmente previstas para febrero de 2027, adelantadas para el 29 de noviembre de 2026, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el argumento de evitar posibles inconvenientes, relacionados con factores climáticos que pudieran afectar la jornada electoral.
El adelanto de las elecciones seccionales ecuatorianas constituye un desafío para la equidad de la competencia electoral, pues reduce los tiempos disponibles para que partidos y movimientos organicen sus candidaturas y campañas, aunque el CNE justificó el cambio, la modificación exige garantizar que todas las fuerzas políticas, dispongan de condiciones y plazos suficientes para competir en igualdad.
El Ecuador celebró sus últimas elecciones presidenciales en abril del 2025 donde se reeligió el presidente Daniel Noboa, en un proceso electoral acompañado de fuertes controversias y cuestionamientos de la oposición, con denuncias de fraude, las condiciones de competencia y el uso de la estructura estatal durante la campaña, el correísmo denunció que enfrentó condiciones políticas e institucionales desfavorables.
Además, la violencia y las medidas extraordinarias adoptadas durante el proceso plantearon interrogantes sobre las condiciones para una campaña plenamente competitiva, lo que puso a prueba la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), del sistema de justicia electoral y si la elección se desarrolló, bajo condiciones suficientemente equitativas para todos los competidores.
Después de estas controvertidas elecciones, el país fue convocado a una consulta popular en el mes de noviembre del 2025, donde la población rechazó contundentemente con un no, las 4 preguntas sometidas:1) Asamblea constituyente, rechazada por el 61.58%, 2) retorno de bases militares extranjeras, con el 60.58%, 3) fin del financiamiento estatal a partidos, con el 58.07%, y 4) reducción del número de legisladores, con el 53.46%.

Este resultado fue un serio revés para el mandatario Daniel Noboa, lo que fue influenciado por el desgaste en la gestión de la crisis energética, sanitaria y el repunte de problemas de seguridad en el país, en la actualidad el Ecuador avanza a sus próximas elecciones seccionales, el 29 de noviembre del presente año, en un escenario de problemas y alta tensión política e institucional.
Los casos de judicialización política y las disputas entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y las organizaciones políticas han aumentado la incertidumbre sobre las condiciones de participación, de las organizaciones políticas de oposición que han tenido que enfrentar restricciones y medidas que buscan dificultar y limitar la participación de partidos, candidatos y ciudadanos.
Los casos de suspensión y cancelación de organizaciones políticas de oposición , algunas de las cuales han quedado impedidas de presentar candidatos propios y otras han tenido dificultades para su participación electoral, entre ellas el Movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), SUMA, Izquierda Democrática (ID), Unidad popular (UP), RETO, Construye y el Movimiento Amigo que llevaría candidatos de Revolución Ciudadana y los intentos de restricciones al movimiento indígena Pachakutik, han generado fuertes críticas y tensiones internacionales.
El amedrentamiento judicial y la apertura de causas penales a figuras claves de la oposición han provocado que lideres del correísmo como Luisa González, tengan que hacer frente a importantes obstáculos y amenazas con el fin de impedir que pueda competir por la prefectura de Manabí y lideres de la oposición , partidos y candidatos, de Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Pujilí y otros a restricciones de todo tipo, lo que hace pensar en una exclusión política deliberada y en un deterioro del pluralismo político en el Ecuador.
Este deterioro democrático en Ecuador ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un llamado de atención al Estado ecuatoriano. El organismo internacional exigió garantizar condiciones de participación plurales, previsibilidad jurídica y equidad en la contienda para evitar poner en desventaja a las agrupaciones políticas, e igualdad de condiciones y derecho del electorado a contar con pluralidad de alternativas.
La CIDH además advirtió que el adelanto de los comicios altera los principios de seguridad jurídica e igualdad de condiciones para competir. Este llamado del organismo internacional al Estado Ecuatoriano tiene especial relevancia en un contexto, en el que el cuestionamiento sobre la suspensión de organizaciones políticas y las dificultades enfrentadas por sectores de la oposición para participar en el certamen electoral, han desatado un fuerte debate legal y político.
El Ecuador está ante una gran encrucijada ya que su régimen está fuertemente cuestionado, estas elecciones deben ser un termómetro directo para medir el respaldo popular del presidente Daniel Noboa y su partido oficialista (Acción Democrática Nacional, ADN), una reconfiguración del poder territorial que defina el control de las alcaldías y prefecturas y Una prueba de fuego para la democracia y la institucionalidad.
El proceso democrático en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos y críticos de las últimas décadas, el país sufre un retroceso de la institucionalidad democrática, donde las reglas del juego político se han vuelto impredecibles, por lo que el desarrollo de la jornada y la legitimidad de los resultados determinarán si el país logra estabilizar su crispación política o si se profundiza la desconfianza ciudadana y el aislamiento internacional ante las advertencias de organismos como la CIDH.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
7/9/26
Santo Domingo R.D.

La 21 Sesión Extraordinaria de la Union Africana
Por: Luis Fernández
Con representaciones diplomáticas de 49 de los 55 Estados miembros, se reunió el pasado 30 de agosto en Luanda capital de la república de Angola, la 21.ª sesión extraordinaria de la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), con el objetivo central de reformar radicalmente la arquitectura de paz y seguridad en África, pasando de una postura de gestión de crisis a una estrategia agresiva de prevención.
En el evento participaron los presidentes, João Lourenço: presidente de Angola (anfitrión de la cumbre y Campeón de la UA para la Reconciliación), Évariste Ndayishimiye: presidente de Burundi y jefe de turno interino de la conferencia de la UA., José María das Neves: presidente de Cabo Verde, John Dramani Mahama: presidente de Ghana, Netumbo Nandi-Ndaitwah: presidenta de Namibia, Brahim Ghali: presidente de la República Saharaui (RASD) y el primer ministro de Lesoto Samuel Ntsokoane Matekane.
Además, participaron los vicepresidentes Bola Tinubu de Nigeria, Constantino Chiwenga de Zimbabue, Argelia Representada por Salah Goudjil, presidente del Consejo de la Nación (Cámara Alta), junto a su embajador en Angola, Mounir Bourouba, Sudán del Sur por el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dr. James Pitia Morgan, las demás delegaciones enviaron ministros de Relaciones Exteriores u otros funcionarios.

En la apertura de la cumbre, el presidente angoleño y anfitrión de la reunión, João Lourenço, subrayó “la necesidad de hacer más eficaces los instrumentos de que dispone África para prevenir conflictos, mediar en crisis y garantizar la aplicación de las decisiones que adoptamos colectivamente”, “debemos movilizar los instrumentos políticos, diplomáticos, financieros e institucionales a nuestra disposición para prevenir los conflictos antes de que se conviertan en guerras y para poner fin, cuanto antes posible, a los conflictos ya existentes”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió hoy que la cumbre en Luanda sea de decisiones necesarias para reforzar la capacidad de África para asumir colectivamente su paz y seguridad, mencionó que desde el sur y el este de la República Democrática del Congo (RDC) hasta Somalia y el Sahel, desde Libia hasta el norte de Mozambique, pasando por Madagascar, atraviesan crisis persistentes y tensiones preocupantes.

Los líderes destacaron en sus debates que la prevención sigue siendo el “talón de Aquiles” de la organización y urgieron pasar de la gestión de crisis a la alerta temprana y respuesta rápida, para lo que abordaron
de manera urgente los focos de inestabilidad y violencia en Sudán, el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia, además de las amenazas del terrorismo en la región del Sahel.
Los participantes concluyeron que el problema de África ha sido reaccionar tarde a los conflictos de la región y en consecuencia acordaron reforzar de manera integral, el Sistema Continental de Alerta Temprana para detectar tensiones antes de que deriven en guerras abiertas y la coordinación vinculante entre los mecanismos de la propia Unión Africana y los bloques económicos regionales (como la Comunidad Económica de los estados de África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad de Desarrollo de África Austral SADC).

Para acabar con la alta dependencia de donantes occidentales y lograr la autonomía financiera para operaciones de paz, se establecieron pautas de financiamiento soberano y exigir la aplicación de la Resolución 2719 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual abre vías para financiar misiones lideradas por la UA con cuotas de Naciones Unidas movilizando de forma inmediata recursos del sector privado y financiero interno (como Afreximbank) para robustecer el Fondo de Paz de la UA de manera autónoma.

La cumbre concluyó con la Adopción de la “Decisión de Luanda” y con la firma de un Plan de Acción y una Matriz de Implementación con plazos e indicadores obligatorios con el objetivo de evitar que los acuerdos queden en simples declaraciones retóricas y forzar resultados concretos y medibles a nivel operativo para detener la escalada de violencia continental y fortalecer su capacidad para prevenir y resolver conflictos en el continente.

El texto subraya que los compromisos asumidos por los Estados miembros deben traducirse en la prevención y resolución de conflictos en África y apunta que el terrorismo y el extremismo violento, las crisis políticas, los cambios inconstitucionales de gobierno, los conflictos, las amenazas cibernéticas y de desinformación y las rivalidades geopolíticas son algunos de los desafíos para lograr la paz.

La declaración indica que se requiere la rendición de cuentas en todos los mecanismos de la UA, incluido el Consejo de Paz y Seguridad, para garantizar una mayor eficacia en la ejecución de las decisiones adoptadas y la necesidad de fortalecer la responsabilidad financiera africana en la agenda de paz y seguridad, sin descartar la cooperación internacional basada en el respeto mutuo, la soberanía, la integridad territorial y la propiedad africana de las soluciones a los desafíos del continente.
La Decisión de Luanda documento que selló la cumbre de la Unión Africana (UA) sobre la resolución y prevención de conflictos, es un importante intento, por lograr una capacidad propia para enfrentar las crisis del continente y una mayor autonomía en materia de paz y seguridad, reduciendo dependencias excesivas de determinados actores externos, que afecten sus capacidades para prevenir y gestionar sus propios conflictos.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
3/9/26
Santo Domingo R.D.

seguridad Ciudadana: Una Tarea Pendiente
Por: Luis Fernández
La inseguridad ciudadana en la República Dominicana continúa siendo uno de los principales problemas sociales y políticos del país, la población sigue enfrentando robos, violencia, delincuencia organizada, conflictos interpersonales y temor a ser víctima de un delito, el gobierno actual en sus 6 años de ejercicio del poder no ha podido hacer frente con éxito, este grave problema que afecta profundamente a la sociedad dominicana.
La inseguridad tiene múltiples causas, entre ellas se encuentran la delincuencia y el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia interpersonal, la desigualdad social y las deficiencias institucionales, el problema también tiene una estrecha relación, con la falta de oportunidades y las deficiencias de una política de prevención y de la justicia, lo que impide prevenir sus causas y construir una política de seguridad sostenida, coordinada y efectiva.
La actual administración carente de planes concretos y experiencia de Estado sobre este tema, optó por la improvisación haciendo que las áreas responsables de la seguridad ciudadana actuaran de inicio sin una estrategia concreta, con acciones y medidas improvisadas, que no han logrado responder de manera integral a la preocupación ciudadana, que requiere soluciones estructurales y permanentes.
La inseguridad ciudadana en la República Dominicana no puede enfrentarse con acciones y respuestas coyunturales, el país necesita una política de seguridad con objetivos claros, planificación y continuidad, que no se limite a reaccionar ante los delitos una vez ocurridos. Reducir la inseguridad exige actuar sobre sus causas, fortalecer la Policía y la Justicia, combatir el crimen organizado, prevenir la violencia y crear oportunidades para los sectores más vulnerables.
Mucha razón a tenido el secretario de seguridad y defensa del PLD Sigfrido Pared Pérez, al afirmar en un programa de televisión, que los planes de seguridad del actual gobierno han fracasado debido a una falta de visión institucional y que la reforma de la policía también ha fracasado por la importación de asesores que, si bien sus aportes son importantes, no responden a la Genesis particular del organismo policial y son un desprecio al talento nacional.
Pared Pérez agrego que, “En lugar de consolidar un proceso gradual que aprovechara el criterio de oficiales capacitados –tanto activos como en retiro- para corregir las deficiencias históricas, el Poder Ejecutivo optó por una retórica de desmantelamiento total que terminó generando desmotivación y un marcado celo institucional dentro de las filas policiales”, recordó que la Policía Nacional posee raíces y antecedentes históricos específicos que exigen una adecuación progresiva y no la imposición lineal de esquemas extranjeros.
Asimismo, el secretario de Defensa y Seguridad del PLD criticó el enfoque desmedido en la formación académica universitaria como prioridad operativa, advirtiendo que la ciudadanía no necesita profesionales del derecho patrullando, sino agentes debidamente entrenados en técnicas de patrullaje, mediación y prevención del delito barrial. A su juicio, priorizar la titulación universitaria sobre la preparación técnica y el acercamiento comunitario desvirtúa el rol de la fuerza pública, dejando desprotegidas a las comunidades frente al auge de la delincuencia y la violencia cotidiana.
El gobierno del PRM y Luis Abinader han anunciado reformas y planes de seguridad, pero la ciudadanía necesita algo más que anuncios y respuestas coyunturales: necesita una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente. Una política de seguridad que actúa principalmente después de que ocurren los hechos corre el riesgo de convertirse en una sucesión de respuestas aisladas, sin atacar suficientemente las causas estructurales de la inseguridad.
La actual gestión ha mostrado supuestos resultados en algunos indicadores, pero no ha logrado responder de manera integral y profunda a la preocupación ciudadana por la inseguridad, Por eso, enfrentarla requiere una estrategia integral, una Policía profesional, una Justicia eficiente, prevención social, educación, empleo para los jóvenes y mayor control del crimen organizado.
El gobierno ha anunciado estadísticas en las cuales informa de una supuesta reducción de homicidios como un logro, sin embargo, la inseguridad ciudadana no puede medirse únicamente por la tasa de homicidios, también deben considerarse los robos, atracos, Violencia de género, delincuencia juvenil, tráfico de drogas, armas ilegales, extorsiones y la percepción de inseguridad que experimenta la población, para determinar si existe realmente una mejora integral de la seguridad ciudadana.
La realidad es que el gobierno del PRM ha sido incapaz en los 6 años de su gestión del Estado, de reducir con resultados concretos y de manera efectiva la inseguridad y atacar sus causas estructurales, la seguridad ciudadana no debe plantearse únicamente como “más policías y más cárceles”. Una verdadera política de seguridad debe combinar: Prevención, Policía profesional, Justicia eficiente, Control del crimen organizado, Reforma penitenciaria y Desarrollo social.
la República Dominicana necesita una política de seguridad que combine firmeza frente al delito con prevención, institucionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. El objetivo no debe ser solamente disminuir las estadísticas de criminalidad, sino construir un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia y confianza en sus instituciones, y en el respeto a la ley.
La seguridad ciudadana requiere algo más que aumentar la presencia policial, algo más que anuncios, declaraciones, estadísticas y respuestas coyunturales, necesita una transformación institucional capaz de combinar prevención, profesionalización, inteligencia, justicia, participación comunitaria y respeto a los derechos ciudadanos, una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
31/8/26
Santo Domingo R.D.

El Tercer Congreso Panamericano
Por: Luis Fernández
Con la participación de más de 150 dirigentes de 15 países y territorios de América, se celebró del 21 al 23 de agosto del presente año en Montevideo capital del Uruguay, el tercer congreso Panamericano importante foro político-parlamentario, vinculado principalmente a las fuerzas democráticas y progresistas de América latina, que buscan construir una agenda común para el continente.
El primer congreso fue realizado en 2024 en Bogotá capital de Colombia, impulsado por el entonces presidente Gustavo Petro, su segunda edición se realizó en la ciudad de México en 2025 con el respaldo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el tercero es el actual celebrado en Uruguay con el lema, “Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones”.
El lema expresa dos ideas fundamentales: la unidad y cooperación entre los pueblos de América y la defensa de la soberanía de cada nación frente a injerencias externas, en el evento las fuerzas progresistas y democráticas de la región abordaran tres problemas íntimamente relacionados: el avance de la derecha, el debilitamiento de la democracia y la desinformación.
En el congreso participan legisladores, expresidentes, ministros, académicos, activistas e invitados especiales, entre los que destacan, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay, Gabriel Boric, expresidente de Chile, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires, Camila Vallejo, dirigente chilena.
Además, Carolina Rangel secretaria nacional de Morena de México, Humberto Costa senador y dirigente del PT de Brasil, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García congresistas de los Estados Unidos y como invitadas especiales Jeannette Jara excandidata presidencial de Chile y Rixi Moncada excandidata presidencial de Honduras y Representantes políticos y parlamentarios de otros países de la región.
El tercer congreso panamericano conocerá relevantes temas como, crisis de la democracia y avance de posiciones autoritarias, avance de la derecha en América Latina y cómo debe responder la izquierda, soberanía nacional y regional frente a la influencia de Estados Unidos, migración y migraciones forzadas, desigualdad y costo de vida, crimen organizado y capacidad del Estado, transición energética y cambio climático. tecnología y soberanía digital, nuevas formas de comunicación y desinformación e integración latinoamericana.
Uno de los objetivos centrales del Congreso es discutir por qué las fuerzas progresistas están perdiendo terreno electoral y cómo responder a ese fenómeno, la cuestión no se plantea simplemente como una lucha entre izquierda y derecha. El desafío es recuperar la confianza de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, mediante propuestas capaces de responder a problemas concretos como el costo de vida, la inseguridad, el empleo, la desigualdad y la transformación tecnológica.
Otro aspecto importante del congreso es el tema de la desinformación, el cual trate en mi último artículo, ya que distorsiona la opinión pública, aumenta la polarización y deteriora la confianza en las instituciones y es un desafío para la democracia, la vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse vinculó la dificultad para distinguir la información verdadera de las noticias falsas con el peligro que representa el desinterés por la verdad para la democracia. Además, la chilena Camila Vallejo señaló desde el Congreso la necesidad de abordar conjuntamente desinformación, inteligencia artificial y soberanía digital.
El Congreso no solamente pretende defender a la izquierda frente a la derecha. Busca construir una agenda continental sobre democracia, integración, soberanía, tecnología y desarrollo. El propio Congreso señala que el objetivo es renovar la cooperación panamericana frente a los desafíos actuales y enfrentar la concentración del poder económico, tecnológico y comunicacional.
La batalla democrática de los pueblos en el presente no se libra únicamente en las elecciones; también se libra en el espacio de la información. Cuando la mentira, la manipulación y la desinformación sustituyen a los hechos, el ciudadano pierde capacidad para decidir libremente. Por eso, defender la democracia exige defender también el derecho de los pueblos a recibir información veraz, plural y verificable.
El tercer congreso panamericano podría ser un gran esfuerzo para construir una visión común para América frente a los cambios políticos, económicos, tecnológicos y geopolíticos actuales y para que la cooperación entre los países sirva para fortalecer una democracia cada vez más participativa, el multilateralismo, la soberanía y autodeterminación de los pueblos y el bienestar de las sociedades latinoamericanas.
El principal desafío del congreso es lograr que no solo queden en discursos, declaraciones y debates sus deliberaciones, sino que las mismas sean convertidas en acciones concretas, que permitan la rearticulación política de la izquierda progresista de la región, frente al retroceso democrático, los avances de la derecha, la fragmentación regional y las nuevas formas de desigualdad e incertidumbre.
Todo dependerá de la capacidad de las fuerzas democráticas y progresistas, para construir una nueva propuesta capaz de responder a los problemas actuales y recuperar la esperanza de los pueblos, en la democracia participativa, justicia social, soberanía, bienestar colectivo, paz, capacidad de renovación política y la defensa de los intereses comunes de los pueblos latinoamericanos. El próximo congreso panamericano será en Brasil en 2027.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
27/8/26
Santo Domingo R.D.

Desinformación, Desafío para la Democracia
Por: Luis Fernández
La desinformación como fenómeno político, social y comunicacional consiste en la creación, manipulación o difusión deliberada de información falsa o engañosa con el propósito de influir en las percepciones, decisiones y comportamiento de las personas, contribuyendo a alterar la percepción de la realidad y afectar el funcionamiento de la democracia y de la sociedad.
En los últimos años su expansión se ha acelerado con las redes sociales y las plataformas digitales, donde los contenidos falsos pueden difundirse en minutos y alcanzar a millones de personas, este fenómeno tiene una especial importancia en América Latina, porque afecta la formación de la opinión pública de la región, de modo que las personas no puedan distinguir entre verdad y falsedad.
La manipulación de los hechos, la difusión de rumores, las noticias falsas, los contenidos sacados de contextos y los materiales generados mediante inteligencia artificial, son frecuentemente utilizados para desacreditar personas, dirigentes políticos, instituciones públicas y privadas, partidos políticos, gobiernos y procesos electorales, lo que busca general confusión y desconfianza en las personas.
El efecto de la práctica maliciosa de la desinformación en los procesos electorales que busca influir en el comportamiento de los ciudadanos es altamente preocupante y una gran amenaza para la democracia, ya que puede influir en los votantes, afectar la imagen de los candidatos, cuestionar la legitimidad de los resultados, debilitar la transparencia y dañar la confianza en las autoridades electorales.
En el marco de la consolidación de las tecnologías digitales, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea se han convertido en importantes mecanismos de participación política, por los beneficios de estas plataformas para incrementar el grado de conocimiento público, no obstante, se observa un notable auge de la difusión de contenidos falsos o inexactos que lastran la confianza en las instituciones.
En la vida pública de una nación y en el mundo actual, la verdad en pocas ocaciones circula sola, casi siempre esta rodeada de medias verdades y en muchas ocaciones es sustituida por falsedades , con el fin de imponerse como si se tratara de hechos reales, lo que contribuye a la confusión de las sociedades y debilita la capacidad de los ciudadanos para comprender su realidad.
Sobre estos conceptos Juan Bosch decía que, en la vida de los pueblos la verdad suele caminar con dificultad, pero la mentira avanza con rapidez, porque se apoya en el interés de quienes desean ocultar la realidad. La verdad exige estudio, reflexión y honestidad; la mentira en cambio solo necesita repetirse muchas veces para intentar convertirse en apariencia de verdad.
Vivimos rodeados de noticias falsas y verdades a medias que se presentan como información verdadera, con el propósito de aumentar su capacidad de persuasión y desorientar a la población. Esta realidad nos obliga a reflexionar críticamente sobre la información que recibimos, verificar sus fuentes y protegernos de la mentira, otorgando credibilidad y autoridad únicamente a aquellas fuentes que difunden hechos comprobables, reales y sustentados en evidencias.
La mentira ha estado históricamente vinculada al ejercicio de la política y continúa siendo una de las prácticas que más deterioran la confianza de la ciudadanía y el sistema democrático. En las democracias representativas, determinados dirigentes de la ultraderecha recurren a la manipulación del discurso, la omisión de información, la tergiversación de los hechos y el ocultamiento de la verdad para influir en la percepción pública y proteger sus intereses políticos.
En el debate político actual, la desinformación cuando es utilizada con fines políticos permanentes es un grave atentado a una democracia justa caracterizada por ciudadanos bien informados, capaces de contrastar las fuentes y distinguir entre hechos, opiniones y contenidos manipulados, que solo sirven para desviar la atención de los problemas sociales, desacreditar a sus adversarios y dificultar la capacidad de la ciudadanía para cuestionar y transformar las estructuras existentes.
La historia demuestra que, con frecuencia, los sectores que concentran el poder han intentado apropiarse de la verdad y presentarse como los únicos poseedores del conocimiento. Desde esa posición, buscan deslegitimar, silenciar o desacreditar cualquier sector que cuestione sus intereses. De esta manera, convierten la mentira y la calumnia en instrumentos de poder, utilizando la desinformación de forma sistemática para manipular la realidad, fomentar el odio y dividir a la sociedad.
Combatir la desinformación, es también una forma de defender la democracia, la libertad de pensamiento y el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su propio destino con base en hechos verificables y no en engaños o manipulaciones, lo que significa defender, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y comprobable.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
24/8/26
Santo Domingo R.D.

Crisis y Retroceso de la Democracia Representativa
Por: Luis Fernández
La crisis de la democracia representativa es uno de los grandes problemas políticos del mundo contemporáneo, ya que muchas democracias están experimentando un debilitamiento de sus instituciones, derechos y mecanismos de participación, lo que está provocando una crisis de confianza de la población sobre la base de que las instituciones no representan adecuadamente sus intereses.
Esta posición es fortalecida por el informe Global State of Democracy 2025 de la organización International IDEA, que señala que 94 países —el 54 % de los países evaluados—, registraron deterioro en al menos un aspecto de su desempeño democrático durante el período analizado. Entre los problemas señalados están el debilitamiento del Estado de derecho, la libertad de prensa, la independencia judicial y la integridad electoral.
IDEA es una organización internacional fundada en 1995 con sede en Estocolmo Suecia, que trabaja en el fortalecimiento y la defensa de la democracia. Su nombre completo es International IDEA, que significa Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electorales una entidad intergubernamental, integrada y respaldada por Estados miembros. La República Dominicana es miembro desde 2011.
Otro informe sobre la democracia del 2026 del instituto de investigación internacional V-DEM (Variedades de la Democracia), que estudia, mide y analiza la calidad y el funcionamiento de la democracia y como puede fortalecerse y deteriorarse en distintos países del mundo, señala que buena parte de los avances obtenidos desde finales de los años setenta se han perdido.
La versión española del informe del 2026 incorpora un análisis especial sobre la expansión de proyectos políticos de extrema derecha en América Latina. El documento destaca que la fortaleza de los contrapesos legislativos y judiciales y la autonomía de los organismos electorales son fundamentales para evitar un progresivo deterioro democrático en la región.
El informe de investigación anual V-DEM 2026, aporta en sus conclusiones importantes datos, como que 44 países están atravesando procesos de autocratización, casi una cuarta parte de los países del mundo, 3,4 mil millones de personas, aproximadamente el 41 % de la población mundial, viven en países que están experimentando autocratización, 74 % de la población mundial —unos 6.000 millones de personas— vive actualmente en autocracias.
Agregando que solo alrededor del 7 % de la población mundial vive en democracias liberales, la libertad de expresión es uno de los aspectos democráticos que más se ha deteriorado: V-Dem registra retrocesos en 44 países, la censura de los medios es una de las principales estrategias utilizadas por gobiernos en procesos de autocratización: aparece en 32 países y la represión de organizaciones de la sociedad civil, registrada en 30 países en proceso de autocratización.
El informe refleja una real preocupación sobre el retroceso democrático en América Latina y el mundo, el problema no es solo electoral, es que las elecciones pueden continuar existiendo mientras se debilitan otras condiciones esenciales de la democracia: libertad de expresión, de organización, independencia judicial, controles al Ejecutivo, derechos civiles, libertad de prensa y capacidad de la sociedad civil para actuar.
La realidad es que la democracia representativa en el mundo actual sufre un retroceso continúo debido a la polarización, el discurso de odio, la descalificación del adversario político, el auge del populismo, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones, el declive de la democracia en América Latina es una pérdida progresiva de la calidad democrática, con la aparición de formas de autoritarismo electoral o de democracias cada vez más restringidas.
La crisis actual de la democracia no consiste solamente en celebrar o no elecciones. Una democracia auténtica requiere mucho más: elecciones libres, separación de poderes, Estado de derecho, libertad de expresión, prensa independiente, derechos humanos, participación ciudadana y controles efectivos sobre quienes gobiernan, de modo que se evite que la democracia pueda ser debilitada desde dentro de las propias instituciones democráticas.
Un gobierno puede llegar al poder mediante elecciones y posteriormente intentar reducir los controles, limitar a la oposición o desde esta conspirar para derrocar un gobierno legítimo, presionar a los medios o modificar las reglas de juego, el retroceso democrático hay que verlo en la debilidad de las instituciones y en el espacio real de las fuerzas políticas y la participación ciudadana.
Por eso, la defensa de la democracia no debe limitarse a defender el derecho al voto. También implica defender el estado de derecho, la institucionalidad, la independencia de los poderes públicos, la libertad de expresión, la transparencia, la participación ciudadana, la crisis de la democracia mundial no es únicamente una crisis electoral; es una crisis de confianza, representación, institucionalidad y capacidad de las sociedades para controlar democráticamente el poder.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
20/8/26
Santo Domingo R.D.

Dia Internacional de los Pueblos Indígenas
Por: Luis Fernández
El 9 de agosto de cada año fue establecido por las Naciones Unidas para reconocer los derechos, culturas, tradiciones, lenguas y aportes de los indígenas del mundo, la fecha que fue aprobada en 1994 también busca crear conciencia sobre problemas que todavía enfrentan, como la discriminación, la pérdida de sus territorios, la desigualdad y las amenazas a sus lenguas y culturas.
En América Latina, esta fecha permite reflexionar sobre la historia de los pueblos originarios y su situación en la región, donde se han hecho algunos avances mínimos reconociendo sus derechos jurídicos y políticos, (caso Bolivia reconocimiento constitucional del Estado plurinacional) pero persiste la pobreza, desigualdad, discriminación, despojo territorial, exclusión política y brechas importantes en educación, salud, empleo, seguridad alimentaria, vivienda y servicios públicos.
Los pueblos indígenas según datos de la CEPAL representan alrededor del 10.4%, de la población de América Latina, más de 58.5 millones de personas, la pobreza alcanzaba al 43.1% de la población indígena en 2022, históricamente estos pueblos han sido sometidos a despojo territorial, sometimiento, discriminación y marginación, lo que viene ocurriendo desde la conquista de América y posteriormente con la formación de los Estados nacionales.
Aunque han transcurridos siglos muchas de esas desigualdades continúan presentes y aun siendo una parte significativa de la población latinoamericana, con importancia demográfica y cultural, no se corresponde su participación en la distribución de la riqueza y del poder político, lo que tiene una relación directa con la historia de exclusión y con la falta de reconocimiento real de sus derechos colectivos, aunque estos estén consagrados por las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas mediante la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estableció a partir de 1994 el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la identidad cultural, derecho al territorio y a los recursos naturales, derecho a la libre determinación, derecho a la educación y la salud, Derecho a la participación y consulta y derecho a preservar su organización social.
Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos colectivos e individuales que buscan proteger su identidad, cultura, territorios y formas de vida, estos pueblos son comunidades originarias que preservan una identidad y una forma de vida propias, vinculadas históricamente a sus territorios, además desempeñan un importante papel en la protección de los bosques y la biodiversidad.
En este año 2026 el lema de la conmemoración es, “Honrar a las parteras indígenas: salvaguardar la vida y el bienestar”, con el objetivo de reconocer el papel fundamental de estas como guardianas de conocimientos ancestrales y de prácticas de la salud materna e infantil y de la continuidad cultural de sus pueblos, reconocimiento de sus conocimientos y de una atención sanitaria culturalmente apropiada.
Los indígenas están indicados entre los sectores más pobres, por lo que la pobreza y la desigualdad son unos de los principales desafíos que enfrentan, en muchos países las comunidades indígenas presentan mayores niveles de precariedad económica, debido al despojo histórico de sus territorios, discriminación, falta de oportunidades económicas y exclusión de las decisiones políticas.
Los pueblos indígenas están presentes en toda Latinoamérica, los mayas en México, Guatemala y Belice, Miskitos en Honduras y Nicaragua, Lencas en el Salvador, Bribris Costa Rica, Embera Panamá y Colombia, Wayuu Venezuela, Quechuas Ecuador, Perú y Bolivia, mapuches Chile y Argentina, guaraníes en Paraguay, cientos de pueblos en la Amazonia Brasileña y numerosas poblaciones indígenas diseminadas en toda América Latina.
El 9 De agosto debe ser un día para hablar de derechos, democracia, tierra, justicia social y poder, Latinoamérica no podrá superar sus profundas desigualdades, si continúa dejando a los pueblos indígenas en los márgenes del desarrollo, la región necesita avanzar hacia sociedades donde la diversidad cultural sea reconocida como un componente fundamental de la democracia.
La fecha también es propicia para denunciar las formas de discriminación, exclusión y despojo que todavía enfrentan muchos pueblos indígenas y destacar su contribución a la protección de la naturaleza, la diversidad cultural y el conocimiento ancestral, la defensa de los pueblos indígenas debería formar parte de una nueva concepción del desarrollo latinoamericano.
América Latina tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, que durante generaciones han sido discriminados, esta población no debe ser vista únicamente como beneficiaria de programas sociales, sino que debe ser reconocida como sujeto político y de derechos, los pueblos indígenas no son una expresión del pasado, forman parte del presente y deben ser protagonistas del futuro de América Latina.
Los pueblos indígenas no necesitan que solamente los recordemos en una fecha determinada, lo que se demanda es que los Estados respeten sus derechos, protejan sus territorios y garanticen su participación en las decisiones que determinan su futuro, condiciones fundamentales para construir una América latina más democrática, más justa y verdaderamente inclusiva.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
14/8/26
Santo Domingo R.D.

Exclusión y Obstáculos a la Participación Política en América Latina
Por: Luis Fernández
El discurso de odio y la expansión de la ultraderecha está dando lugar a una peligrosa situación, en las que algunas organizaciones y personalidades de ese sector político, rechazan el pluralismo y la diversidad política e ideológica, tratando de descalificar y proscribir organizaciones políticas contrarias y en muchos casos politizando la justicia, con fines partidistas o electorales.
En un régimen democrático tanto la izquierda como la derecha como corrientes ideológicas pueden actuar, ambas representan diferentes propuestas sobre cómo organizar la economía, el Estado y la sociedad dentro de ese marco democrático, lo que parece molestar a sectores de la derecha latinoamericana y mundial, que pretenden violentar los procesos democráticos de la región.
La democracia es verdaderamente legitima cuando se aplican las reglas de manera consistente, imparcial y transparente, sin importar la orientación política de quienes participan en el proceso, todos los sectores deben tener las mismas garantías, derechos y obligaciones, hacer lo contrario es debilitar el sistema democrático y un atentado contra una competencia política que debe ser abierta, libre y plural.
Una democracia soberana tampoco puede estar condicionada por injerencias extranjeras que pretendan influir en la voluntad del pueblo. La legitimidad democrática se construye respetando la soberanía nacional de cada pais, la institucionalidad, el Estado de derecho y, sobre todo, la decisión libre y soberana de los ciudadanos, la que debe expresarse sin presiones ni imposiciones de gobierno o intereses extranjeros.
En América Latina existen varios ejemplos de acciones que pretenden socavar la democracia, tenemos el caso de Honduras donde ya se oyen voces, reclamando que el Partido Libre y Refundación no tenga representación en el Consejo Nacional Electoral, siendo una fuerza política con una representación importante del pueblo hondureño, lo que sería una decisión política, contra uno de los partidos representados en ese organismo, mientras los otros conservan su representación.
Tenemos el caso de Ecuador donde la Revolución Ciudadana una de las principales fuerzas políticas y el Movimiento Amigo fueron suspendidos en pleno calendario electoral impidiéndoles llevar candidatos en esas organizaciones de manera particular, lo que podía afectar el pluralismo, la igualdad de la competencia y los derechos de los votantes, lo que es una forma de exclusión política, que solo afecta a partidos de oposición.
En Guatemala el Partido Movimiento Semilla, que gano las elecciones de ese país en el 2023, enfrentó acciones judiciales para suspender su personalidad jurídica, generando cuestionamientos sobre la autonomía judicial y el respeto a la voluntad popular, en Bolivia se han denunciado algunos procesos judiciales contra dirigentes opositores, que han sido calificados de persecución política.
La judicialización de la política también es utilizada para la persecución y la exclusión de los contrarios, son muchos los casos que existen en América Latina, los más destacados son: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): Su condena en el caso Lava Jato le impidió competir en las elecciones de 2018. Posteriormente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las condenas por razones procesales y declaró la parcialidad del juez Sergio Moro, hoy Lula es presidente de Brasil.
Cristina Fernández de Kirchner (Argentina): expresidenta, líder del Partido Justicialista y una de las principales figuras del Peronismo, ha enfrentado múltiples procesos por corrupción, incluida una condena de 6 años por el caso “Vialidad” y su inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, diversos analistas señalan que existe una persecución judicial y mediática, destinada a excluirla de la competencia política.
Rafael Correa presidente de Ecuador por 10 años (2007-2017), líder del proyecto político progresista “Revolución Ciudadana”, condenado a 8 años de prisión e inhabilitación política, Jorge Glas exvicepresidente (2013-2017) condenado a 13 años por La justicia ecuatoriana, organismos y analistas afirman que el proceso es persecución política y judicial contra dirigentes del Correísmo.
Pedro Castillo (Perú): Ex presidente del Perú (2021-2022), condenado en primera instancia a 11 años, en su caso se dice que es persecución política y de uso del sistema judicial con fines políticos, algunos sectores denuncian lawfare por la rapidez y el alcance de los procesos judiciales en su contra, en 2026 un grupo de Trabajo Del Consejo de los derechos humanos de la ONU calificó su detención de arbitraria y recomendó su liberación.
Entre las diversas trabas que se están viendo con preocupación, están la estigmatización ideológica y las supuestas amenazas a la democracia de las fuerzas de la izquierda progresista, el desigual acceso a los medios de comunicación, campañas de desinformación o desprestigio, uso selectivo de instituciones estatales para realizar o investigar adversarios políticos, medidas que restringen la participación electoral y diferentes acciones dirigidas a discriminar a la oposición política.
Para garantizar una verdadera democracia pluralista y justa, los pueblos deben estar alertas ya que muchos gobiernos de hoy no ganan elecciones de manera legal, las manipulan o hacen fraude y luego destruyen la democracia desde adentro del propio Estado, Debilitando las leyes y concentrando el poder de forma autoritaria en una persona o en un grupo pequeño, que no respeta los derechos básicos.
La verdadera democracia es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, quien participa libremente en las decisiones del país, elige a sus representantes mediante elecciones libres y transparentes y disfruta de igualdad, derechos, libertades y respeto a la ley, también existen separación de poderes, participación ciudadana, libertad de expresión y rendición de cuentas de las autoridades.
Es esa la democracia que quieren los pueblos, una democracia participativa, en la que la ciudadanía interviene activamente en las decisiones públicas, no solo mediante el voto, sino también a través de organizaciones sociales, consultas, debates y mecanismos de participación, no una democracia manipulada por grupos derechistas que solo persiguen sus intereses y limitan o violentar la participación ciudadana.
La democracia es amenazada cuando la voluntad popular es manipulada, los derechos son restringidos, las instituciones son debilitadas o el poder deja de estar sometido a la ley y al control ciudadano, la democracia se fundamenta en igualdad política, respeto a los derechos y participación real del pueblo, hay que recordar siempre la frase de Benito Juarez “el respeto al derecho ajeno es la paz”, lo que significa es que cuando respetamos los derechos, la libertad y la dignidad de los demás, podemos vivir en una sociedad con armonía, justicia y tranquilidad.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
10/8/26
Santo Domingo R.D.
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El Deterioro de la Administración Pública

Por Luis Fernández

Su buen desempeño contribuye al desarrollo económico, social y político de un país, el sector público es un pilar esencial del Estado,que representa la estructura política y jurídica que organiza la sociedad, mientras que la administración estatal es el mecanismo operativo que lleva a la práctica las decisiones del gobierno y hace posible el funcionamiento cotidiano del Estado.

La administración pública como parte del Estado, es un buen instrumento cuando es eficiente y transparente para el contacto entre la ciudadanía y el poder público, ya que entre otras cosas garantiza la prestación de servicios públicos, Promueve el bienestar social, Mantiene el orden y el cumplimiento de la ley, impulsa el desarrollo económico, combate la corrupción y Fortalece la democracia.

Hacemos estos señalamientos preocupados por la grave situación de deterioro de la actual administración pública dominicana, en estos 6 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM, lo que ha sido denunciado por diversas instituciones y partidos políticos que han visto como en estos últimos años la administración pública, ha evidenciado un notable retroceso, que termina afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En este tiempo la administración pública havenido perdiendo eficiencia y capacidad de gestión, lo que refleja problemas de organización, supervisión adecuada y gestiónde los recursos humanos del Estado, lo que afecta la calidad de vida de la población y de los servicios públicos, reduciendo el acceso oportuno a servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, justicia y transporte.

Además, el retroceso del sector públicofavorece la burocracia, la ineficiencia, la corrupción e incrementa las desigualdades ya que los sectores más vulnerables dependen en mayor medida de los servicios públicos, lo que aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, lo que ocurre cuando las personas perciben que las entidades del Estado no actúan de manera eficiente, transparente, justa o en beneficio del interés general.

La situación es tan grave que el propio Ministerio de Administración Pública (MAP) hareconocido dificultades para determinar con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde laboran y cuáles plazas están efectivamente ocupadas e instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad lo que evidencia una pérdida de control sobre el recurso humano estatal.

Mas preocupante es todavía que estas fallas del sector público no se deben a una falta de herramientas tecnológicas, sino a algo máspenoso y grave como es la ruptura de la continuidad institucional, lo que es un elemento esencial para la estabilidad democrática y el buen funcionamiento del Estado y un manejo clientelar de la administración pública, tal como lo denunciara el Partido de la Liberación Dominicana PLD.

La Organización opositora recordó que, al concluir la gestión del PLD, “el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporaba aproximadamente al 97 % de los empleados del Gobierno Central, permitiendo administrar información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa.

El partido político destacó el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el programa República Digital, mediante el cual más de mil servicios públicos fueron habilitados en línea, también cuestionó la reducción de servidores incorporados mediante concursos públicos. Afirmó que en agosto de 2020 había aproximadamente 94 mil servidores integrados a la carrera administrativa mediante concursos, mientras que actualmente las autoridades presentan alrededor de 60 mil.

Sin importar la organización política que gobierne, la administración pública debe actuar con legalidad, transparencia, eficiencia, igualdad y responsabilidad, sirviendo siempre a la ciudadanía, ejecutando las leyes y políticas aprobadas por el gobierno., administrando con honestidad los recursos públicos, promoviendo el desarrollo económicoy social, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones.

 El Estado es permanente lo que son pasajeros son los gobiernos, que tienen la obligación degarantizar la continuidad gubernamental, ya que las instituciones del Estado deben seguir funcionando de manera estable y sin interrupciones, aun cuando cambien las autoridades o se presenten situaciones de emergencia, el objetivo es garantizar que los servicios públicos, las políticas del Estado y las funciones esenciales continúen en beneficio de la población.

 Hay que poner fin a la nómina clientelar y a la disminución de personal seleccionado por méritos, y al aumento de los nombramientos por lealtad política, la administración públicadominicana debe establecer el mérito como criterio obligatorio para el ingreso y permanencia en la función pública,propiciando que el sector público cumpla sus deberes fundamentales, de conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado.

 Es necesario tal como lo ha planteado el PLD, publicar institución por institución, la evolución de la nómina publica desde agostodel 2020, indicando el número de servidores, el gasto mensual y las variaciones registradas,igualmente, publicar el número actualizado de servidores incorporados a la carrera administrativa y los concursos públicos realizados desde agosto de 2020.

 la administración pública dominicana necesita recuperar el mérito, fortalecer sus mecanismos de control y garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos humanos del Estado, esto es algo fundamental, para la buena gobernanza, la estabilidad democrática, Fortalecer la confianza ciudadana y el funcionamiento permanente de las instituciones públicas.

Luis Fernández, Analista Político y escritor

7/8/26

Santo Domingo R.D.

La FAO y El Hambre Cero

Por: Luis Fernández

Recientemente se dieron a conocer en nuestro país, los resultados del informe anual de las Naciones Unidas, “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026)”, dicho informe evalúa el estado del hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, se trata de una edición especial, para preparar el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero) tras la adopción de la Agenda 2030.

Dicho informe es elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Programa Mundial de Alimentos PMA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola FIDA, la Organización Mundial de la Salud OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el informe tiene un carácter mundial, recopilando y comparando datos de más de 190 países.

El informe sobre la República Dominicana es elaborado mediante la información suministrada por instituciones gubernamentales, como la Oficina Nacional de Estadísticas, el Banco Central, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública, además estas fuentes son integradas con bases de datos internacionales y con información de otras agencias de las Naciones Unidas.

El SOFI trabaja con estimaciones estadísticas construidas a partir de datos nacionales, encuestas, balances de alimentos y otros insumos para producir indicadores comparables internacionalmente. Por ello, el informe sirve principalmente para monitorear tendencias y evaluar el progreso hacia las metas globales, más que para describir la situación de cada hogar o individuo.

Con relación a nuestro país el informe de Naciones Unidas SOFI 2026, conforme a lo expresado por el director general de la FAO, Qu Dongyu,”La República Dominicana se ha movido por debajo del 2.5 % del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre”, lo que ha sido utilizado por el gobierno dominicano de una manera selectiva para justificar el supuesto éxito de sus políticas alimentarias.

Al ver el informe de manera selectiva y política el gobierno ha obviado y minimizado, otros indicadores del mismo documento que evidencian desafíos importantes de seguridad alimentaria, acceso económico a una dieta saludable y desigualdades sociales, pretendiendo confundir proyectando la imagen de una República Dominicana, que ha superado el problema del hambre.

Sin embargo, una lectura minuciosa del informe nos permite observar una realidad más compleja y muy lejos de la visión del gobierno actual, cuando el propio informe advierte que persisten importantes desafíos relacionados con el poder adquisitivo de los hogares, que cada vez es menor, por el alto costo de los alimentos y los bajos salarios, la vulnerabilidad de determinados sectores sociales y el acceso permanente a una alimentación adecuada.

La FAO ha reconocido un logro estadístico de que la República Dominicana ha salido del mapa del Hambre, hecho en base a datos estadísticos oficiales, pero no ha dicho que desaparecieron la pobreza, la inseguridad alimentaria o todos los casos de personas que pasan hambre, la propia FAO ha señalado en otras ocasiones que alcanzar el objetivo de Hambre Cero requiere mantener políticas de protección social, producción sostenible y acceso a alimentos nutritivos para los grupos más vulnerables.

Entre las cosas que se pretenden ocultar está el dato que da el informe de la inseguridad alimentaria que estima en un 41.3% de la población, lo que significa que 4.7 millones de personas que enfrentan dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y nutritivos, lo que refleja problemas de acceso y calidad de la alimentación y 1.9 millones experimenta situaciones más severas, en las que los hogares pueden quedarse sin alimentos o reducir drásticamente su consumo.

Es bueno que se entiendan los limites metodológicos del informe de la FAO y Naciones Unidas, ya que no se realizan censos de personas que pasan hambre, no mide directamente la pobreza, no concluye que un país “ya no tiene hambre”, solo porque un indicador mejore a nivel estadístico, por ello, el informe sirve principalmente para monitorear tendencias y evaluar el progreso hacia las metas globales, más que para describir la situación de cada hogar o individuo.

Las informaciones oficiales contractan directamente con la realidad nacional, la caída de la producción agropecuaria, la creciente dependencia de las importaciones, la pérdida del poder adquisitivo de la población el abandono del campo y el difícil acceso a una alimentación adecuada, nutritiva y de calidad, variables todas que reflejan la verdadera situación de la población dominicana.

En vez de utilizar este informe de Naciones Unidas (SOFI 2026) como mecanismo de propaganda política gubernamental, debe ser un instrumento de análisis y formulación de políticas públicas, no como una única medida para concluir si un país “tiene” o “no tiene” hambre, sino para orientar políticas que respondan a las necesidades reales de la población y que permitan comprender la verdadera dimensión de la seguridad alimentaria en la República Dominicana.

 

Luis Fernández, Analista Político y escritor

3/8/26

Santo Domingo R.D.