Artículos & Opiniones

Hambre, Pobreza y Ayuda Social
Por: Luis Fernández
La lucha contra el hambre y la pobreza constituye uno de los principales desafíos sociales de la República Dominicana y de los demás países del mundo, que al igual que el nuestro padecen de difíciles condiciones de existencia, desigualdad en la distribución de la riqueza, desempleo, bajos salarios, corrupción, debilidad institucional, discriminación, exclusión social y oportunidades insuficientes.
Muchos países tienen problemas estructurales en sus economías y una dependencia de la exportación de materias primas, la escasa industrialización y la limitada diversificación productiva, dificultan la creación de empleos de calidad, a lo que debemos agregar el peso del servicio de la deuda, lo que reduce los recursos disponibles para salud, educación e inversión social y condiciona la capacidad de los Estados.
El hambre, la pobreza y las ayudas sociales están estrechamente relacionados por lo que deben ser correctamente tratados con una política integral de verdadero desarrollo humano, que garantice alimentación suficiente, empleos dignos, salarios adecuados y servicios públicos de calidad, que alivien las necesidades inmediatas que tiene la población y le permita vivir con dignidad.
En la República Dominicana el crecimiento económico y la expansión de determinadas áreas productivas, no eliminan automáticamente los problemas y dificultades de los hogares dominicanos para alimentarse adecuadamente, siempre es necesario distinguir entre la disponibilidad de alimentos en los mercados y la capacidad real de la población para comprarlos, la pobreza tiene una relación directa con la insuficiencia de ingresos.
Cuando los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo que el costo de la vida, las familias se ven obligadas a reducir sus gastos en alimentación, educación y salud, lo que aumenta las desigualdades y limita las oportunidades de superación muy especialmente entre niños, jovenes, mujeres y hogares vulnerables, dificultando el acceso a una vivienda digna y a empleos bien remunerados.
Combatir la pobreza requiere políticas que no se limiten a ofrecer asistencia económica temporal, politiquera y demagógica, sino que también promuevan empleos dignos, mejores salarios, servicios públicos de calidad y una distribución mas equitativa de las oportunidades, que permita que los que verdaderamente sufren pobreza, puedan superarla de manera sostenible.
La pobreza es una expresión de la desigualdad económica y social, frente a ella la ayuda social cumple una función importante al proporcionar recursos a las familias mas vulnerables, para cubrir necesidades esenciales, pero la asistencia social por si sola, no elimina ni supera las causas estructurales de la pobreza, ni la desigualdad social, las oportunidades y los derechos entre diferentes grupos de una sociedad.
La ayuda social es un derecho a la protección del Estado, para quienes verdaderamente la necesitan, pero esta no debe sustituir una política de desarrollo capaz de generar independencia económica, reducir la desigualdad, mejores condiciones de vida para los sectores históricamente excluidos y garantizar una vida digna para todos los dominicanos y sus familias.
El problema de fondo no es cuanto crece una economía, sino como se distribuye la riqueza que se produce y en que medida ese crecimiento mejora las condiciones de vida de la mayoría, superar la pobreza estructural exige políticas sostenidas de empleo digno, salarios suficientes, educación de calidad, protección social y reducción real de las desigualdades económicas y territoriales.
La asistencia social alivia las necesidades de los sectores mas empobrecidos ante el encarecimiento de los artículos de primera necesidad en la República Dominicana y otros países del mundo, pero esta acción es limitada cuando no esta acompañada de políticas que mejoren los salarios, fortalezcan los servicios públicos y garanticen la distribución mas equitativa de la riqueza nacional.
La pobreza y el hambre no pueden resolverse únicamente mediante subsidios y ayudas monetarias o de otra índole, es necesario examinar las prioridades del gasto publico, la calidad de las instituciones, la política fiscal, las condiciones del mercado laboral y la capacidad del Estado para garantizar derechos y oportunidades, que permitan a los sectores vulnerables, superar sus condiciones de pobreza.
La desigualdad en América Latina que es una de las regiones mas desiguales del mundo, profundiza la pobreza y nuestro país no es una excepción, en la mayoría de nuestros países la riqueza se concentra en manos de unos pocos privilegiados, mientras la gran mayoría de las poblaciones latinoamericanas, de niños, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, padecen múltiples necesidades.
Erradicar el hambre en América latina y en nuestro país es garantizar que todas las personas tengan los ingresos y los medios necesarios para acceder a los alimentos indispensables, lo que debe ser una prioridad del Estado y una condición indispensable para combatir la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar una vida digna, para todos los latinoamericanos y sus familias.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
29/10/26
Santo Domingo R.D.

El VIII Congreso del Frente Amplio de Uruguay
Por: Luis Fernández

El Frente Amplio coalición política de izquierda progresista de Uruguay, fundado el 5 de febrero de 1971, en una sesión histórica presidida por el senador Zelmar michelini, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que contó con la participación de delegados de los grupos políticos fundadores, delegación de la CNT, trabajadores de la Cultura, obreros, estudiantes y medios de prensa.

Las organizaciones y partidos políticos que participaron en este histórico acontecimiento fueron, los Partidos Demócrata Cristiano, Socialista, comunista, Obrero Revolucionario, además los ciudadanos que formularon el llamamiento y Grupos de Acción Unificadora, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento Herrerista, Frente Izquierda de Liberación, Movimiento Blanco Popular Progresista, Movimiento por el Gobierno del Pueblo, entre otros.

En el importante evento el general Liber Seregni fundador y primer presidente del Frente Amplio expreso, “Como simple ciudadano tengo la sensación y la emoción de haber asistido a un acto verdaderamente histórico que concreta en la formación del Frente Amplio el renacer de un pueblo y la estructuración de un movimiento auténticamente popular profundamente antiimperialista, de claro sentido de liberación nacional para alcanzar la verdadera justicia social y una democracia autentica”.

Esta importante organización política uruguaya, actualmente partido de gobierno tras ganar su cuarta elección presidencial, con Yamandú Orsi en 2024, anteriormente había ganado tres elecciones seguidas, en 2004 con Tabaré Vasquez, en 2009 con José” pepe” Mojica y en 2014 con Tabare Vasquez de nuevo, celebro del 16 al 18 de octubre su VIII congreso ordinario denominado “Compañero José ‘Pepe’ Mujica” en el palacio de Peñarol, en Montevideo capital de esa nación sudamericana.

El congreso que estuvo precedido de meses de trabajo, reuniones, asambleas, propuestas y documentos elaborados en cientos de comités de base a lo largo y ancho del país y también en el exterior, lo que produjo un productivo intercambio y construcción colectiva de miles de militantes que aportaron ideas y propuestas para pensar en el Frente Amplio y en el presente y futuro del Uruguay.

Los tres días del congreso fueron para debatir, reafirmar compromisos y seguir construyendo futuro y en el mismo se hizo un homenaje a José “pepe’ Mojica quien desempeñara un papel determinante en el crecimiento de esta fuerza política, fuera el segundo Presidente de la República electo por el Frente Amplio y se convirtiera en un referente popular cuyo legado se constituyó y se sigue constituyendo para decenas de millones de luchadores y luchadoras en todo el mundo, en una referencia del humanismo y de los valores de la izquierda.

El VIII congreso del Frente Amplio cuyo lema fue, “el futuro de construye”, adopto importantes resoluciones como la reafirmación de sus principios antioligárquicos, antiimperialistas, antipatriarcales y antirracistas, en un mundo en el que avanza la ultraderecha y el fascismo, se proponen seguir trabajando en la relación fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales, con el fin de garantizar respaldo popular a las transformaciones progresistas.

El documento final del congreso en una de sus partes señala que, “A más de 55 años de unidad de la izquierda uruguaya, forjada y consolidada en la movilización popular, este Congreso es reafirmación de los principios y valores que constituyen y sostienen nuestro proyecto político, así como bandera de esperanza que invita al desafío de soñar y luchar junto a nuestro pueblo por el logro de un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda, populares y progresistas”.

Con relación a la compleja situación internacional el texto señala que. “En un mundo multipolar en el que se profundizan las lógicas imperialistas contra el pueblo cubano y el recrudecimiento del bloqueo, el genocidio en Palestina, las guerras y los bloqueos o intervenciones unilaterales, nuestro Congreso reafirma la vocación pacífica y pacificadora, antiimperialista y multilateralista de la fuerza política”.

Y continúa afirmando que, “promoviendo la integración regional, el respeto al derecho internacional, el compromiso con la democracia y los DD.HH., el respeto irrestricto a la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la soberanía con la importancia de las elecciones en Brasil”.

Actualmente, el Frente Amplio está conformado por el Movimiento de Participación Popular, la Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, la Alianza Progresista, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, Claveles Rojos, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Socialista de los Trabajadores (ex-PRT), entre otros grupos de izquierda.

Sobre su cuarto periodo de gobierno encabezado por el presidente Yamandu Orsi, el documento final del congreso, dice que “condicionado por un nuevo escenario internacional y nacional, que nos desafía a ser capaces de llevar adelante un gobierno de izquierda, sobre la base de los principios y valores ratificados por este Congreso en un escenario político y económico desfavorable. Aún en estas difíciles condiciones, con la situación fiscal heredada y la falta de mayorías parlamentarias, nuestro gobierno viene cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña electoral”.

El VIII congreso José “Pepe” Mojica del Frente Amplio, constituye una reafirmación de los principios históricos de la izquierda uruguaya, la participación democrática y la unidad en la diversidad y es un importante avance para profundizar las transformaciones de la sociedad desde una opción progresista que priorice la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la integración latinoamericana, la autodeterminación de los pueblos y el multilateralismo.

El evento reeligió a unanimidad a Fernando Pereira experimentado dirigente sindical y representante de la conexión histórica del movimiento sindical y la izquierda política uruguaya, para que continue como presidente del Frente Amplio, lo que es una demostración de la unidad interna necesaria para impulsar un proyecto de país basado en la justicia social, la democracia y la solidaridad.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
22/10/26
Santo Domingo R.D.

El Hambre Cero y la Realidad Dominicana
Por: Luis Fernández
Recientemente el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, informó que República Dominicana logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del umbral internacional que define la condición de hambre, de acuerdo con los datos publicados en su Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026).
El funcionario del organismo internacional afirmó que, “República Dominicana se ha movido por debajo del 2.5% del umbral de desnutrición y fuera del mapa del hambre”, en un trabajo anterior sobre este tema afirmamos, que esto ha sido utilizado por el gobierno dominicano de una manera selectiva para justificar el supuesto éxito de sus políticas alimentarias.
Y agregamos que,” al ver el informe de manera selectiva y política el gobierno ha obviado y minimizado, otros indicadores del mismo documento que evidencian desafíos importantes de seguridad alimentaria, acceso económico a una dieta saludable y desigualdades sociales, pretendiendo confundir proyectando la imagen de una República Dominicana, que ha superado el problema del hambre.
Lo que la FAO ha reconocido es un logro estadístico, que no se traduce en una realidad en la que ningún dominicano pase precariedades alimentarias, la situación de los dominicanos es bien diferente, para diversos sectores de la sociedad civil, partidos políticos de oposición y ciudadanos de a pie, el término “Hambre Cero” es calificado como un discurso triunfalista alejado de la cotidianidad.
La FAO no ha dicho que en República Dominicana desaparecieron la pobreza, la inseguridad alimentaria o todos los casos de personas que pasan hambre, la propia FAO ha señalado en otras ocasiones que alcanzar el objetivo de Hambre Cero requiere mantener políticas de protección social, producción sostenible y acceso a alimentos nutritivos para los grupos más vulnerables.
La verdad es que las estadísticas por si solas no garantizan que el país disponga de suficientes alimentos y que todas las familias tengan los recursos económicos para comprarlos, asimismo los constantes aumentos de la canasta familiar y los bajos salarios vigentes sumados a la informalidad laboral, dificultan el acceso estable a una dieta balanceada, por lo que muchos hogares vulnerables se ven obligados a reducir la calidad de sus comidas o a saltarse raciones diarias debido a la inflación.
La precariedad con la cual están viviendo los dominicanos, contrasta con todas las estadísticas oficiales que tratan de reflejar una supuesta mejora en ciertos renglones nacionales de hambre y pobreza, que demuestran el supuesto éxito de sus políticas económicas, por el contrario, las familias dominicanas no han superado sus dificultades alimentarias, ni tienen garantizado el acceso a una alimentación suficiente, nutritiva y asequible.
Todo esto queda reflejado en un nuevo informe realizado por la facultad de ciencias económicas y sociales de la UASD, su instituto de investigación socioeconómica (INISE) y la fundación Juan Bosch, titulado “Cuando trabajar no basta: productividad creciente, salarios insuficientes y pobreza laboral en la Republica Dominicana”, que señala “la pobreza laboral alcanzo en 2025 al 39.7% de la población nacional y la pobreza laboral extrema llegó al 12.1%.
La pobreza laboral es mayor en las mujeres llegando al 43% y una pobreza extrema de 13.6%, el informe señala que la pobreza laboral es alta en varias regiones del país entre ellas la frontera terrestre oeste, en el valle alcanza el 54.2%, en el Higuamo 53.0%, en Ozama que incluye la capital 41.1% y en Yuma 35.9%, en todas estas zonas del país los salarios no cubren la canasta básica y ni siquiera superan el límite de la pobreza.
En un país como lo señala el informe, donde el ingreso mensual promedio del sector formal es RD$ 38,891.00, ni el del informal RD$ 24,761.00 logran cubrir la canasta familiar, hacen que este informe “cuando trabajar no basta”, sea un importante esfuerzo para hacer conciencia sobre la necesidad urgente de un modelo de crecimiento económico justo que reparta la riqueza y permita a todos y todas vivir dignamente.
La realidad dominicana se caracteriza por altos niveles de pobreza, subalimentación, inseguridad alimentaria y dificultades para el acceso a los alimentos, lo que constituyen barreras para la población acceder regularmente a una alimentación suficiente y nutritiva, por lo que es necesario que se tengan ingresos suficientes para adquirir alimentos que mantengan una dieta saludable sin sacrificar medicamentos, educación u otras necesidades esenciales.
La eficacia de una política contra el hambre y la miseria no se mide únicamente por la reducción coyuntural de un porcentaje, sino también por su capacidad de garantizar permanentemente que ninguna familia quede excluida del derecho a una alimentación suficiente y digna. Esa es la diferencia entre alcanzar una meta estadística y resolver de manera sostenible el problema social.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
22/10/26
Santo Domingo R.D.

Los Derechos de los Trabajadores Dominicanos
Por: Luis Fernández

Para hablar de las luchas de los trabajadores dominicanos por sus legítimos derechos, debemos recordar las luchas de Mauricio Baez y el liderazgo obrero de la época, cuya heroica resistencia detonó con la gran huelga azucarera de 1946, que paralizó la producción de caña de azúcar en los ingenios de San Pedro de Macoris y la Romana, exigiendo el cumplimiento estricto de la jornada de 8 horas diarias y un aumento salarial justo.

Pasada la tormenta de la huelga y reanudada la producción de azúcar, la dictadura desató una sangrienta cacería selectiva contra los cabecillas del movimiento. Notables dirigentes sindicales como Ángel Dickson (Blanquita) y Porfirio Quezada (Negrito) fueron ejecutados de forma extrajudicial, para salvar su vida Mauricio Báez se vio forzado a asilarse en la embajada de México y salir al exilio hacia Cuba, donde el 8 de diciembre de 1950, fue secuestrado y desaparecido por agentes trujillistas.

Aunque el movimiento sindical fue descabezado mediante el terror, la histórica movilización de 1946 demostró que la dictadura no era invencible, lo que obligó al régimen Trujillista a promulgar regulaciones legales para contener el descontento social latente, como la ley 637 sobre prestaciones laborales, La Ley No. 1896 de Seguros Sociales y El Código Trujillo de Trabajo (1951).

Después de caída la dictadura y luego de una histórica elección en 1962, llega al poder un hombre con la firme convicción de que la democracia política era inviable sin justicia social y dignidad económica para la clase obrera, Juan Bosch inició una nueva era para la República Dominicana, promulgando una de las constituciones más progresistas de la historia dominicana.

En esta histórica constitución se consagraron formalmente el derecho a la huelga, la libertad sindical, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y una protección estricta contra los despidos injustificados, además estableció que la vivienda de un trabajador humilde no podía ser embargada por deudas, protegiendo el techo de su familia, con estos derechos las bases de la dignidad laboral y la conciencia de clase quedaron sembradas en la población.

Hay un hecho que relata de forma clara la actitud del gobierno de Juan Bosch en 1963, frente a los trabajadores y fue la situación originada cuando los trabajadores del central azucarero de La Romana (South Puerto Rico Sugar Company), la empresa privada más grande del país en ese momento, organizaron una huelga masiva exigiendo aumentos salariales justificables por los altos precios internacionales del azúcar.

A esta huelga los sectores conservadores le exigían al gobierno enviar al ejército para reprimir la huelga y desalojar a los obreros, Juan Bosch se negó rotundamente a usar las armas del Estado contra los trabajadores. En su lugar, el gobierno medió de forma justa, logrando que la empresa multinacional cediera gran parte de sus ganancias en beneficios directos para los jornaleros dominicanos.

La lucha de los trabajadores continuó ya que después del golpe de estado de 1963, el país entro en un claro proceso de retroceso que se profundizó, con el gobierno de los 12 años de Balaguer, donde destacados dirigentes sindicales como Francisco Antonio Santos, Julio de Peña Valdez, Barbarin Mojica, Miguel Soto, Nelsida Marmolejos Fernando de la Rosa, Eugenio Pérez Cepeda, Carlos tomas Fernandez y otros muchos dirigentes, de las organizaciones de trabajadores, libraron una dura lucha contra un régimen marcado por la confrontación política y la resistencia popular.

Luego de numerosas huelgas y conflictos llegamos al año 1992, donde nace como fruto de un histórico consenso alcanzado en un diálogo tripartito entre el Gobierno, los sindicatos de trabajadores y el sector empresarial, el Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley No. 16-92).El código aprobado en 1992 fija oficialmente la jornada de trabajo en 44 horas semanales y 8 horas diarias, establece la escala obligatoria de indemnización por desahucio, obliga al pago del salario 13 libre de impuestos, retenciones o embargos y obliga a las empresas a distribuir el 10% de sus utilidades netas anuales entre sus trabajadores,

34 años después de su promulgación, el Código de 1992 se encuentra bajo un intenso debate de modificación en el Congreso Nacional, en la modificación del actual código de trabajo el tema mas importante y sensible es la cesantía laboral, lo que ha generado intensos debates por la oposición del sector empresarial a reconocer esta conquista de los trabajadores, la que pretender limitar, reducirla o transformarla con esquemas que en la práctica debilitan su esencia, haciendo que el trabajador dominicano quede desprotegido.

En escritos anteriores alerté al movimiento sindical y a la sociedad, del peligro que habia de caer en una contrareforma laboral, si no se era firme en la defensa de los intereses de los trabajadores dominicanos, los que a traves de sus organizaciones se han opuesto a las pretensiones del sector patronal, de poner topes o modificar el cálculo del auxilio de cesantía , indicando que la cesantía es innegociable ya que esto seria profundizar la desigualdad y crear más incertidumbre para el trabajador.

Los trabajadores dominicanos han logrado algunos avances despues de la caida de la dictadura trujillista, pero estos que han sido frutos de mucha lucha, represion, persecucion y muertes, no pueden ser erradicados ni mucho menos distorsionar conquistas históricas, por un sector patronal que muchas veces se resiste a redistribuir mejor la riqueza y frente a Estados que solo priorizan un crecimiento económico que favorece a unos pocos y solo produce más pobreza y desigualdad.

El bajo nivel de los salarios en la República Dominicana, el alto costo de la vida, la reducción de la informalidad laboral, equidad, justicia social, distribución justa de las riquezas del pais y una auténtica libertad sindical, son parte de los desafíos actuales de los trabajadores dominicanos, en su lucha permanente por sus derechos, que hoy se enfrentan a un sistema que les exige todo y en cambio les devuelve muy poco.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
19/10/26
Santo Domingo R.D.

La Crisis Laboral en la República Dominicana
Por: Luis Fernández
La crisis laboral en la República Dominicana tiene raíces históricas vinculadas profundamente a las estructuras económicas del país, la desigualdad en la distribución de la riqueza y la dependencia de actividades productivas que no siempre han generado empleos estables y bien remunerados que se tradujeran en mejores condiciones de vida para los trabajadores
En la actualidad en la República Dominicana la crisis se manifiesta de diversas formas que afectan tanto a los trabajadores como a sus familias y al desarrollo económico y social del país, no es únicamente la falta de empleos, sino también la dificultad de acceder a trabajos dignos y con suficiente protección social, lo que está aumentando la vulnerabilidad familiar
La inestabilidad de los ingresos dificulta cubrir la alimentación, la vivienda, el transporte, la educación y la salud, la insuficiencia de ingresos obliga a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir gastos esenciales, lo que limita la movilidad social y profundiza la desigualdad y la pobreza, la precariedad de las condiciones de trabajo y la informalidad laboral.
La situación del trabajo en la República Dominicana es bien difícil, ya que según datos del Banco Central más de la mitad de las personas ocupadas continúa vinculada al empleo informal, mientras la tasa de desempleo aumentó de un 4.9% en el 2025, a un 5.3% en 2026, lo que desmiente las afirmaciones de funcionarios del gobierno que aseguraban que para este año la tasa de desempleo estaría por debajo del 4.9%.
La crisis laboral dominicana no puede evaluarse exclusivamente por la tasa de desempleo, también deben considerarse otros aspectos como los salarios, la estabilidad laboral, la calidad de los puestos de trabajo, la inserción de los jóvenes y las dificultades de diferentes ordenes que enfrentan la población juvenil y los sectores profesionales para acceder a empleos justos y dignos.
Se piensa muchas veces que la expansión de la actividad económica produce automáticamente empleos de calidad para todos los sectores sociales, esto tiene mucho que ver con el modelo de crecimiento económico por lo que es necesario examinar que puestos de trabajo se generan, cuanto pagan, que protección ofrecen y la relación entre salarios y costo de la vida.
El poder adquisitivo real es muy importante para el sector laboral, por lo que hay que ver no solo el aumento nominal de los salarios, sino el costo de la canasta familiar y como este afecta directamente a los trabajadores según sus ingresos y la región donde vivan, así como las desigualdades de oportunidades y las barreras para los jóvenes y las mujeres trabajadoras.
El costo de la canasta básica familiar nacional es un gran dolor de cabeza para las familias trabajadoras y para la población en general, se ubica actualmente en RD$49,613.15, pero en el Distrito Nacional, Santo Domingo y otras zonas de alta densidad urbana se eleva a RD$ 56,933.95, lo que con el nivel actual del salario mínimo donde más del 80% de los trabajadores ganan menos de RD$50,000.00 al mes, con lo que apenas logran cubrir un 60% de sus necesidades en el mejor de los casos.
La brecha entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica es una gran realidad que esta a la vista de todos, la escala salarial del país se distribuye de la siguiente manera: Empresas grandes RD$ 29,988.00, empresas medianas RD$ 27,489.60, empresas pequeñas RD$ 18,421.20 y microempresas RD$ 16,993.20, lo que obliga a que en un mismo hogar se necesiten por lo menos dos sueldos formales completos, recurriendo constantemente al pluriempleo para cubrir sus necesidades.
La República Dominicana que tiene un gobierno de los sectores poderosos del país, que no es un representante legítimo de los trabajadores y sus sectores más vulnerables, tiene ante sí grandes desafíos, como el cuestionamiento de las políticas económicas que no están produciendo que el esfuerzo laboral de los trabajadores se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.
Las diferencias entre las expectativas de los trabajadores y las precarias condiciones ofrecidas generan desmotivación y frustración, aumento de la vulnerabilidad económica de las familias, endeudamiento, dificultades para cubrir las necesidades básicas, reproducción de la pobreza y la desigualdad, descontento social y pérdida de confianza en las instituciones.
El desafío del gobierno actual no consiste en exhibir cifras de crecimiento y ocupación, sino que su deber fundamental es impulsar políticas públicas que permitan transformar el crecimiento económico del que tanto se habla en políticas públicas que favorezcan empleos estables, salarios suficientes y un acceso efectivo a la seguridad social para todos los trabajadores dominicanos.
La crisis laboral del país no se resuelve con anuncios propagandísticos del gobierno, que chocan directamente con las condiciones materiales reales de la población trabajadora, la cuestión de fondo es si el modelo económico dominicano está garantizando que los beneficios del crecimiento lleguen de manera efectiva, a quienes dependen de su fuerza de trabajo para vivir dignamente.
El respeto a los derechos laborales de los trabajadores, deber ser una consecuencia directa de su lucha frente al Estado y los empleadores, la solución no debe descansar en esfuerzos individuales de los que necesitan un empleo, el trabajo debe constituir una fuente de dignidad, estabilidad y bienestar, y no una condición que mantenga a las familias en la incertidumbre económica.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
15/10/26
Santo Domingo R.D.

Las Protestas en el Suroeste de Europa
Por: Luis Fernandez

La situación actual en España, Francia y Alemania muestra un panorama complejo marcado por contrastes económicos, tensiones fiscales y movilizaciones sociales, las tres naciones viven una creciente inestabilidad política y social, Francia y Alemania sufren un serio estancamiento, mientras España enfrenta tensiones internas y un nuevo horizonte electoral.

España, Francia y Alemania tienen una importancia central en la Unión Europea, en términos generales, Alemania aporta principalmente peso económico e industrial; Francia, capacidad diplomática, política y militar; y España, peso demográfico, económico y una posición estratégica hacia el Mediterráneo y América Latina, en conjunto los tres países tienen una gran influencia en las decisiones del continente europeo.

Alemania que es la principal economía de la UE y Francia y España que son de las principales economías del continente, atraviesan situaciones internas de tensión política y social que pueden repercutir en la estabilidad europea y crear una nueva etapa de incertidumbre, que puede condicionar la capacidad de la unión europea, para actuar como actor económico, político y geopolítico.
Alemania país más poblado de la Union europea, su industria, comercio y capacidad financiera tienen gran influencia sobre las políticas económicas europeas, afronta importantes desafíos relacionados con su modelo industrial, competitividad, energía y crecimiento económico, lo que está produciendo serias preocupaciones por el aumento del desempleo, el costo de la energía, las pensiones y los servicios públicos.
Esta situación ha producido movimientos de protesta de decenas de miles de personas en más de 35 ciudades, contra el auge de la extrema derecha, miles de personas protestaron en Berlín contra el aumento del gasto militar, el rearme y la posible reinstauración del servicio militar obligatorio, además también se han registrado movilizaciones relacionadas con el aumento de los alquileres y la dificultad de acceso a la vivienda.
Durante los meses de septiembre y octubre las movilizaciones en Francia muestran una creciente tensión social y política, con especial impacto en la educación y los servicios públicos, estas protestas fueron encabezadas por estudiantes de secundaria, profesores y sindicatos docentes, funcionarios públicos, trabajadores, pensionados y diversos sectores sociales.
Las protestas en Francia son más que una protesta estudiantil, es una creciente movilización social en que las reivindicaciones de los trabajadores, la de los estudiantes y otros sectores sociales, frente al costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y de la educación, el aumento del desempleo y las políticas presupuestarias del gobierno se mezclan, lo que permite conectar las demandas de los diferentes sectores y unificar su lucha.
En España otra de las importantes economías europeas la crisis de la vivienda se ha convertido en un problema social y político e importante foco de movilización social. Las protestas extendidas por numerosas ciudades y el anuncio de una huelga general evidencian un creciente malestar ante las dificultades para acceder a una vivienda digna, tema este convertido en una expresión importante del malestar social.
Los protestantes en España reclaman viviendas asequibles, reducción de los alquileres, protección de los inquilinos y limitar los desahucios, el gobierno emitió 2 decretos destinados a enfrentar la crisis habitacional, lo que fue rechazado por el congreso, a partir de lo cual se intensificaron las manifestaciones de la población, que con el lamentable fallecimiento de Maricarmen Abascal símbolo de esta lucha, cambia la dimensión de las protestas por la vivienda en España.
La Tensión política y las protestas coinciden con un escenario político complejo, la crisis política, electoral y social que atraviesa España, marcada por la crisis de la vivienda, la fragmentación parlamentaria y las dificultades del Gobierno para alcanzar acuerdos llevaron a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, lo que aumenta la importancia política de las movilizaciones.
El proceso electoral se desarrollará en un contexto de movilización social y creciente polarización política, convirtiendo a España en otro de los grandes países europeos sometidos a importantes tensiones internas, su evolución tendrá relevancia no solo para la gobernabilidad nacional, sino también para la capacidad de la Unión Europea de mantener consensos y estabilidad en un escenario continental cada vez más complejo.
Las convulsiones que atraviesan España, Francia y Alemania por su importancia, revelan que existe un creciente malestar social con relación al acceso de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la educación, el empleo, el costo de la vida y la capacidad de los gobiernos para responder a las nuevas demandas ciudadanas, tres crisis que ponen a prueba a Europa y dificulta una respuesta colectiva, cuando sus principales países tienen problemas internos.
El desafío de la Union europea es alcanzar acuerdos políticos y sociales, cuya eficacia estará condicionada por el grado de unidad que se consiga, en la ruta de solución de problemas cada vez más complejos del mundo de hoy en la región, evitando que se sigan extendiendo las crisis internas a otros países, como ya está ocurriendo en Portugal y Bélgica, tomando medidas serias para modificar o replantear políticas, que eviten que una crisis de gobernabilidad afecte la estabilidad política del continente.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
12/10/26
Santo Domingo R.D.

Cuerno de África: Amenaza a la Paz
Por: Luis Fernandez

El Cuerno de África es un espacio geopolítico estratégico donde convergen importantes rutas marítimas comerciales, situado en el extremo oriental del continente africano. Está integrado principalmente por Etiopía, Eritrea, Somalia y Yibuti, su importancia se debe principalmente a su ubicación frente al mar Rojo y el golfo de Adén, conectando el océano Índico con el Mediterráneo a través del canal de Suez.

La región es fundamental para el comercio marítimo internacional y para las rutas energéticas, también posee una enorme importancia por sus recursos hídricos, especialmente el sistema del río Nilo, la zona se ha convertido en uno de los principales espacios de competencia geopolítica de África, donde convergen los intereses por el agua del Nilo, el control de rutas marítimas, el acceso al mar Rojo y la influencia política y militar regional.
El Cuerno de África reúne tres elementos fundamentales: agua, rutas marítimas y posición geográfica. Esto explica la presencia e interés de países como Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irán, Estados Unidos, China y otros actores internacionales. En consecuencia, los conflictos locales pueden adquirir rápidamente una dimensión regional e internacional.
En la actualidad existen varios problemas que afectan a la región, Etiopia y Eritrea que antes eran una sola nación, libraron una guerra de unos 30 años que culminó con la derrota del ejército etíope en Eritrea en 1991, en 1993 se celebró un referéndum sobre la independencia que abrumadoramente fue favorable, la cual fue declarada oficialmente en ese mismo año, a partir de ese momento Etiopía perdió su acceso directo al mar.
La independencia de Eritrea no eliminó las tensiones con Etiopía. Entre 1998 y 2000, ambos países libraron una nueva guerra, principalmente por disputas fronterizas. El conflicto produjo decenas de miles de muertos, desplazó a cientos de miles de personas y provocó graves consecuencias económicas y humanitarias. En junio del 2000, Etiopía y Eritrea acordaron un cese de hostilidades.
Posteriormente, en diciembre del 2000, firmaron el Acuerdo de Argel, que estableció mecanismos para poner fin formalmente al conflicto y resolver la disputa fronteriza. La guerra dejó una relación profundamente deteriorada entre los dos Estados. Aunque hubo un acuerdo de paz, la frontera permaneció militarizada y las relaciones diplomáticas estuvieron prácticamente congeladas durante años.
La situación conflictiva entre ambas naciones ha continuado, por un lado, por cuestiones fronterizas, ya que Etiopia considera que el Ejército Eritreo sigue ocupando parte del territorio constitucional etíope en la región de Tigray, la determinación de Etiopía de obtener acceso libre al mar Rojo a través del puerto eritreo de Assab y problemas de seguridad.

Además, Etiopia está al borde de una guerra civil luego que 7 grupos
rebeldes de distintas partes del país anunciaron la creación de una coalición militar denominada Alianza de las Fuerzas Populares Etíopes por la Supervivencia, con el objetivo declarado de derrocar al Gobierno federal de Adís Abeba encabezado por el primer ministro Abiy Ahmed Ali,los combates entre los rebeldes y las fuerzas federales que comenzaron en los estados septentrionales de Tigray, Amhara y Afar han dejado cientos de muertos.

Estos enfrentamientos podrían marcar el inicio de un conflicto potencialmente devastador en la nación africana, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil que causó miles de muertos entre 2020 y 2022. El nuevo estallido de violencia se produce tras meses de creciente tensión y amenaza con reactivar a gran escala un conflicto que rompe el acuerdo de paz firmado en 2022.

Asimismo, Etiopía mantiene relaciones tensas con Egipto debido a la disputa en torno a la construcción en el curso alto del río Nilo, de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, lo que Egipto considera que pone en riesgo la seguridad hídrica de esa nación, limitará la cantidad de agua que fluye río abajo, lo que amenaza gravemente el vasto sistema de riego que sustenta la economía agrícola del país norteafricano.

Además, existen otros problemas en la región como la inestabilidad política de Somalia, la guerra interna y la crisis humanitaria del Sudan, la competencia estratégica entre potencias regionales e internacionales por el Mar rojo y numerosos problemas internos de la región, que están llevando al cuerno de África a intensificar los enfrentamientos y a aumentar las tensiones en la región.

En la actualidad el gobierno etíope ha acusado formalmente a Sudán, Egipto y Eritrea de financiar y armar a los rebeldes., lo que ha provocado una crisis diplomática sin precedentes que incluye la ruptura total de relaciones diplomáticas entre Etiopía y Eritrea, elevando el riesgo de una crisis diplomática regional y de que el conflicto civil se convierta en una guerra en el Cuerno de África.

Esta crisis no es solo una crisis diplomática bilateral entre Etiopia y Eritrea, detrás de ella están el conflicto del Tigray, la búsqueda de una salida al mar rojo, las disputas por el Nilo y la creciente competencia geopolítica por el control de una de las zonas estratégicas más importantes del mundo, el agua que es un problema fundamental, no puede explicar por sí sola las crisis del Cuerno de África.

La región se ha convertido en uno de los principales escenarios de la competencia geopolítica mundial, donde los conflictos internos, las disputas territoriales y el control de las rutas marítimas se entrelazan con los intereses de las grandes potencias, lo que pone a prueba la capacidad de las naciones para defender sus intereses sin vulnerar la soberanía de otros pueblos y amenazar la paz mundial.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
8/10/26
Santo Domingo R.D.

Dominación Global y Mundo Multipolar
Por: Luis Fernández
Las relaciones desiguales de poder existentes en el sistema internacional, en que las grandes potencias poseen mayores capacidades económicas, militares, diplomáticas y tecnológicas, lo que les permite ejercer una influencia desproporcionada sobre decisiones de organismos internacionales, están provocando una grave fragmentación del orden internacional.
Sin la participación efectiva de los países en desarrollo, la cooperación internacional pierde legitimidad cuando el poder de unos pocos termina imponiendo intereses particulares, sobre la voluntad colectiva, el diálogo, la búsqueda de consensos y la igualdad soberana de los Estados, lo que afecta seriamente la diversidad del sistema internacional
El mundo ha transitado desde hace muchos años por un sistema de dominación global unipolar en el que una sola potencia concentró una capacidad predominante de influencia económica, militar, tecnológica, financiera y diplomática, hasta el punto de tener un peso decisivo en la definición de las reglas y dinámicas del orden mundial, lo que sucedió posterior a la guerra fría cuando Estados Unidos quedó como la principal potencia mundial tras la desaparición de la Unión Soviética.
La dominación global unipolar describe un sistema internacional caracterizado por una concentración excesiva del poder en manos de una potencia, lo que puede influir de manera desproporcionada en las decisiones internacionales. lo que hace que los Estados más débiles tengan mayores dificultades para desarrollar políticas exteriores independientes.
Esta posición dominante de los Estados Unidos se expresó en su amplia capacidad militar, el peso internacional del dólar, su influencia en organismos financieros y multilaterales, y su liderazgo tecnológico y diplomático, pero la estructura internacional ha experimentado grandes transformaciones, como El crecimiento económico y estratégico de China, la recuperación de capacidades de Rusia y el fortalecimiento de agrupaciones como los BRICS.
A lo que debemos agregar una mayor autonomía de diversas potencias regionales que han contribuido a fortalecer un sistema internacional en el que diferentes centros de poder participen en la elaboración de normas, negociaciones y mecanismos de cooperación sobre la transición de un orden unipolar hacia uno más multipolar, que facilite una mayor participación de los países en las decisiones internacionales.
En este contexto, el debate no se limita a quién posee mayor poder, sino a cómo se distribuye y cómo se ejercen las relaciones de poder en el sistema internacional, que no pueden seguir utilizándose de manera unilateral, selectiva y como instrumentos de dominación global, sino como mecanismos de cooperación, equilibrio y respeto a la soberanía de los Estados.
El orden unipolar está en esta época de la humanidad quedando atrás, ya no es posible que una sola potencia pueda imponer por si sola las reglas del sistema internacional, existen nuevos actores y el sistema mundial transita hacia una multipolaridad o un orden dividido en áreas de influencia regional, donde las grandes potencias buscan asegurar el control en sus proximidades geográficas.
La competencia entre grandes potencias y la fragmentación de la gobernanza global generan un entorno más incierto y competitivo. La crisis del orden internacional y la transición hacia un escenario multipolar está marcada por la inestabilidad regulatoria, guerras abiertas y una competencia agresiva por recursos estratégicos, tecnológicos y control del comercio internacional.

La geopolítica actual de encamina hacia la transición definitiva hacia un mundo multipolar, donde el orden unilateral encabezado por Occidente está siendo desafiado por el ascenso de nuevas potencias y bloques, que están modificando la distribución del poder internacional y cuestionando la concentración tradicional de las decisiones económicas, comerciales y políticas internacionales.

La multipolaridad real no busca sustituir la hegemonía de occidente, sino impulsar un mundo donde ningún polo político dicte y domine unilateralmente los estándares globales, en esto juega importante papel el sur global al argumental que las reglas de la gobernanza mundial—diseñadas al término de la Segunda Guerra Mundial mediante el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de la ONU— perpetúan una estructura de dominación postcolonial que no refleja la realidad del siglo XXI.
El fin de la dominación global como mecanismo de subordinación y el camino hacia un mundo multipolar, es un indicio de la transformación radical de la gestión del poder, los recursos, las leyes internacionales y la sustitución de un sistema donde una sola potencia dictaba las reglas, por un tablero donde múltiples centros de poder, civilizaciones y regionales coexisten y compiten.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
5/10/26
Santo Domingo R.D.

El Debilitamiento e Irrespeto del Derecho Internacional
Por: Luis Fernández
En el escenario internacional actual existe una creciente preocupación por los conflictos armados sin solución, las violaciones del derecho internacional humanitario y las dificultades de las instituciones multilaterales para hacer cumplir determinadas obligaciones, lo que ha alimentado la percepción de que las reglas internacionales no siempre se aplican de manera uniforme y efectiva.
El derecho internacional constituye uno de los principales instrumentos para ordenar las relaciones entre los Estados, limitar el uso arbitrario del poder y establecer reglas para la convivencia internacional, de ahí que como respuesta a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y a la necesidad de crear un sistema internacional capaz de prevenir nuevas guerras y promover la cooperación entre los Estados surge la carta de las Naciones Unidas.
La Carta creó formalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y estableció los principios fundamentales que debían regir las relaciones internacionales: igualdad soberana y respeto a la integridad territorial de los Estados, solución pacífica de controversias, prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, cooperación internacional, y respeto de los derechos humanos.
El instrumento constitutivo de la ONU representó un intento histórico de sustituir la lógica de la guerra y la confrontación por un sistema internacional basado en reglas, instituciones y cooperación multilateral y la obligación de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contrario a los propósitos de las Naciones Unidas, de solución pacífica de los conflictos internacionales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló en 2026 que el respeto al derecho internacional humanitario está sometido a una presión sin precedentes y que su incumplimiento se relaciona con mayores víctimas civiles, ataques contra servicios de salud, destrucción de infraestructura esencial y restricciones a la asistencia humanitaria, lo que produce un aumento de la vulnerabilidad de la población civil.
La Cruz Roja Internacional ha señalado que trabaja en más de 100 conflictos armados y ha advertido de cuatro tendencias fundamentales en la situación internacional hoy en día: la prolongación y extensión de las guerras, el debilitamiento del respeto al derecho internacional humanitario, la deshumanización de las partes en conflictos y la reducción del espacio para la acción humanitaria.
En el escenario internacional existen serias y crecientes preocupaciones por el irrespeto cada vez más frecuente a las normas del derecho internacional, lo que debilita el multilateralismo, la confianza en las instituciones encargadas de preservar la paz y resolver controversias y favorece una política internacional basada más en la fuerza, la presión económica o la capacidad militar, en detrimento de la negociación y de los mecanismos jurídicos.
Un sistema internacional basado en reglas pierde legitimidad cuando la aplicación de estas parece depender del poder político, económico o militar de cada Estado. El problema central, por tanto, no está solamente en la existencia de normas, sino en la voluntad política de los Estados para respetarlas y en la capacidad de las instituciones internacionales para hacerlas efectivas.
El deterioro, el irrespeto, las violaciones del derecho internacional y las dificultades de las instituciones multilaterales para cumplir sus obligaciones y la desigualdad en la aplicación de las reglas internacionales están disminuyendo la confianza en el sistema multilateral. La propia ONU sostiene que el Estado de derecho internacional debe proporcionar legitimidad a las relaciones entre los Estados.
El debilitamiento de la autoridad de las instituciones internacionales es particularmente grave, cuando las decisiones, resoluciones y obligaciones internacionales son ignoradas sistemáticamente, lo que crea un precedente que puede estimular nuevos incumplimientos, lo que produce más divisiones entre los países y afectan su capacidad para encontrar soluciones colectivas
El desafío es fortalecer el cumplimiento de la carta de la ONU. El sistema internacional necesita que los Estados respeten sus obligaciones, que las controversias sean canalizadas mediante mecanismos diplomáticos y jurídicos y que las instituciones multilaterales tengan mayor capacidad para hacer efectivas las normas internacionales y una real cooperación internacional.
La fuerza debe estar sometida al derecho, la defensa del derecho internacional no significa favorecer a un Estado o grupo de Estados, sino preservar un sistema en el que las reglas sean aplicables a todos por igual y donde ningún país, por poderoso que sea, pueda tomar medidas coercitivas unilaterales y situarse por encima de las normas que sustentan la convivencia internacional.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
1/10/26
Santo Domingo R.D

El Acceso Universal a la Información Pública en América Latina
Por: Luis Fernández
El libre acceso a la información pública es un tema central para la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas y constituye un derecho fundamental para las personas buscar, recibir y difundir información que está en poder de los organismos políticos, lo que tiene una estrecha relación con la libertad de expresión y con una participación ciudadana bien informada.
La democracia como hemos planteado en otras ocasiones, no se fortalece solo con elecciones periódicas, es necesario una ciudadanía capaz de conocer, fiscalizar y cuestionar las decisiones del poder público, como se administran los recursos del Estado, cuáles son las prioridades de los gobiernos y que decisiones adoptan en nombre de la sociedad y exigir responsabilidades.
Reconociendo la importancia del acceso a la información pública, la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas del 2019, proclamó el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (DIAUI), esta jornada había sido proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 2015, tras la adopción de la Resolución 38 C/57.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promoverá, durante septiembre, una serie de actividades orientadas a reflexionar sobre el estado del derecho de acceso a la información pública en América Latina y el Caribe, así como sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta este derecho de cara al futuro de la región.
La UNESCO proporciona una plataforma y un marco que permiten que las partes interesadas participen en discusiones internacionales sobre políticas de acceso a la información en la era digital, empoderando a individuos, facilitando la toma de decisiones informadas, fomentando la innovación y promoviendo la inclusividad y el progreso social, para los órganos garantes del acceso a la información.
Este día internacional del acceso universal a la información es propicio para reflexionar sobre el estado de este derecho ciudadano en América Latina y el Caribe, en la región muchos países han aprobado leyes específicas sobre el tema, entre ellos México, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Argentina y la República Dominicana.
A pesar de todas estas leyes el acceso a la información en América Latina enfrenta importantes limitaciones, retrocesos legislativos e institucionales, además de brechas digitales estructurales que limitan su ejercicio efectivo, estas barreras amenazan con transformar un derecho fundamental en una simple declaración de intenciones, lo que debilita el control ciudadano sobre las instituciones públicas.

La región experimenta en 2026 su mayor retroceso en el acceso a la información pública. Diversos informes de organismos internacionales y organizaciones civiles como Transparencia Internacional y Reporteros Sin Fronteras, confirman que los gobiernos han sofisticado sus métodos para restringir los datos públicos, debilitar el control ciudadano y limitar la labor del periodismo de investigación.
Reporteros Sin Fronteras alertó en su índice de 2026 que las autoridades americanas recurren cada vez más a “restricciones administrativas y legales” para ahogar el flujo de datos informativos. El acceso a ministerios, conferencias de prensa y bases de datos sobre violencia o presupuestos se condiciona políticamente, obstaculizando la fiscalización de los recursos estatales.
La complejidad del tema se agrava con la proliferación de campañas de desinformación potenciadas por inteligencia artificial y la fragmentación de los medios informativos oficiales en redes sociales, han diluido los canales institucionales de rendición de cuentas. A la par del desorden informativo, los ciudadanos enfrentan plataformas gubernamentales de transparencia cada vez más descuidadas.
América Latina y el Caribe que es una región con altas tasas de informalidad, ruralidad y pobreza, necesita que no solo se reconozca jurídicamente un derecho, sino que se garantice que la ciudadanía pueda ejercerlo efectivamente, lo que fortalece la democracia y produce ciudadanos capaces de conocer, fiscalizar y cuestionar las decisiones del poder público.

Hay que evitar que el acceso a la información pública se vuelva un privilegio urbano y de clase ó una nueva forma de exclusión y desigualdad, es necesario fortalecer la participación ciudadana y la transparencia como instrumentos centrales del Estado de derecho, el tener una ley no garantiza el acceso real, es necesario crear espacios donde las decisiones públicas no queden alejadas del escrutinio ciudadano.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
28/9/26
Santo Domingo R.D.