Artículos & Opiniones

63 Años del Fatídico Golpe que Marcó la Historia Dominicana
Por: Luis Fernández
El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que derrocó al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, primer mandatario elegido democráticamente tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo significó un duro retroceso para la democracia dominicana y el conjunto de medidas económicas, políticas y sociales que se venían ejecutando en favor del pueblo dominicano.
En apenas siete meses Juan Bosch abrió un camino de esperanza para la sufrida nación dominicana y sus sectores más vulnerables, su gestión gubernativa patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundo reordenamiento económico y social, fue inmediatamente enfrentada por las fuerzas de la reacción nacional, para impedir que se desarrollaran las transformaciones propuestas.
En el corto periodo de siete meses Juan Bosch impulso una verdadera revolución democrática, con respeto a los poderes del Estado, a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, a la utilización honrada y eficiente de los fondos públicos, a la igualdad de oportunidades para todos, dando pasos a la transición de una férrea dictadura, a un auténtico estado democrático.
El gobierno democrático de los 7 meses aprobó y Promulgó la Constitución de 1963, carta magna altamente progresista que establecía la educación laica, la separación entre la Iglesia y el Estado, derechos laborales avanzados, limitaciones al latifundio, al monopolio y al minifundio, la necesidad de una reforma agraria y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Fue este gobierno progresista el que impulso las villas de la libertad que pretendían agrupar a las familias campesinas en concentraciones, con las que se pretendía beneficiar a más de 750,000 campesinos y sus familias, el que consagro el derecho de la familia campesina a tener tierras y a recibir ayuda técnica y crediticia del estado, sustituyendo los métodos productivos atrasados de los años 60 por una sociedad moderna con capacidad de producir riquezas.
Esta corta gestión fue la que estableció el derecho de la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas, el derecho a huelga, libertad sindical, libertad de pensamiento, de asociación, de cultos, igualdad de derecho del hombre y la mujer, los sociales y económicos, las garantías constitucionales y el respeto absoluto de los derechos humanos.
Le correspondió al profesor Juan Bosch iniciar a partir del 27 de febrero de 1963, una etapa histórica y memorable en nuestro país, con la instauración del primer régimen democrático después de la funesta dictadura trujillista, lo que despertó muchas expectativas y esperanzas en la población y provoco un choque frontal con los sectores más tradicionales y atrasados del país que pasaron a la conspiración artera, contra el gobierno constitucional.
Estos sectores iniciaron un boicot contra el gobierno legítimo y lo que no lograron por la vía electoral, lo hicieron a través de un plan subversivo apoyado en acciones conspirativas de políticos de derecha, sectores empresariales, grandes propietarios de la tierra, estamentos de la iglesia y grupos militares con el aliento de fuerzas extranjeras, la oligarquía dominicana no podía permitir el desarrollo de un régimen verdaderamente democrático en la República Dominicana.
El gobierno de 1963 se convirtió en un gobierno garantista de los derechos de los pobres del pueblo dominicano, que siempre habían sido excluidos de las conquistas económicas y de sus derechos políticos, los que ahora comenzaban a disfrutar, a través de las medidas tomadas por el gobierno que presidia Juan Bosch, y esto naturalmente no era agradable entre los sectores más poderosos del país.
Los esfuerzos de la República dominicana por un régimen democrático, con justicia social, sufrieron un grave retroceso político, institucional y social para el país, debido a esta acción criminal de fuerzas antinacionales unidas al poder extranjero, que sepulto la primera experiencia democrática dominicana tras el fin de la dictadura de 31 años de Rafael Leónidas Trujillo.
El pueblo dominicano resistió la imposición de la atrasada oligarquía, primero con movilizaciones sociales y populares, con el levantamiento de los hombres y mujeres del 14 de junio, cuyo líder Manuel Aurelio Tavares Justo murió asesinado junto a un grupo de combatientes y finalmente con la revolución de abril de 1965, movimiento insurreccional organizado por Juan Bosch y el héroe nacional coronel Fernández Dominguez.
Este levantamiento popular de civiles y militares logró el derrocamiento del triunvirato gobernante y cuando ya se acercaba la toma del poder por el pueblo en armas, al derrotar a las fuerzas militares que se oponían a su avance, ocurrió la segunda intervención militar norteamericana el 28 de abril de 1965, con el fin de impedir el triunfo definitivo de las fuerzas populares y el regreso al gobierno progresista de 1963 y del profesor Juan Bosch.
Al analizar estos hechos el maestro señaló que, “Ese golpe me hizo pensar a mí que no era cierto que los Estados Unidos era el dirigente mundial de la democracia o no era la democracia que yo pensaba. Empecé a poner en duda las ideas que tenía antes de 1963’’ y agrego, ‘Los yanquis hicieron aquí lo que hicieron las fuerzas de la reacción en Chile: mataron la democracia chilena como aquí asesinaron la democracia dominicana, porque los yanquis creen que cualquier revolución que se haga en el mundo es socialista o comunista y eso para ellos es imperdonable’’.
Al conmemorar los 63 años del funesto y bochornoso golpe militar de 1963, el pueblo dominicano tiene bien presente en su memoria histórica al gobierno democrático y progresista del profesor Juan Bosch y los programas de reformas políticas sociales, económicas y la constitución de 1963 la más progresista y democrática del país que impulso el gobierno de los 7 meses en beneficio de la nación.
Los sectores que contribuyeron al derrocamiento del primer gobierno constitucional elegido mayoritariamente por el pueblo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, provocando la ruptura del orden constitucional y democrático de la República Dominicana, merecen la condena histórica de los dominicanos.
La interrupción violenta de la gestión del presidente Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 truncó el avance institucional y social de la nación, sumergiendo al país en una profunda crisis política y social que derivó en la posterior guerra civil de 1965, en la segunda intervención militar de los Estados unidos y en un largo periodo de inestabilidad política.
Juan Bosch al reflexionar sobre los 7 meses de su gobierno afirmo que, “hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante; pero no hemos tolerado persecuciones ni crímenes ni torturas ni huelgas ilegales ni robos porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad”.
“Los hombres pueden caer, pero los principios no”.

Preservar la memoria de este acontecimiento es fundamental para reafirmar el valor inquebrantable de la democracia, la soberanía popular y el respeto absoluto a la voluntad del pueblo en las urnas.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
25/9/26
Santo Domingo R.D.

Los Desafíos del Estado Frente a las Demandas Sociales
Por: Luis Fernández
El Estado dominicano enfrenta un desafío histórico de responder a una sociedad cuyas demandas son cada vez más amplias y complejas. No basta con mantener el crecimiento económico, es necesario que ese crecimiento se traduzca en mejores servicios, mayores oportunidades y condiciones de vida dignas para una población que tiene expresiones legítimas de necesidades que exigen respuestas públicas eficaces y sostenibles.
Un Estado democrático debe tener la capacidad de escuchar estas demandas sociales, establecer prioridades y responder de manera equitativa, procurando que las políticas públicas reduzcan las grandes brechas que produce la desigualdad y se amplíen las oportunidades, de modo que mejoren las condiciones de vida para el conjunto de la población y sus sectores más vulnerables.
La sociedad dominicana atraviesa una etapa en que las demandas de la ciudadanía han aumentado y se han diversificado: ya no se reclama únicamente la prestación de servicios básicos, sino también mayor seguridad, empleos dignos, educación y salud de calidad, viviendas adecuadas, transporte eficiente, protección social, menos corrupción, transparencia y una administración pública capaz de ofrecer respuestas oportunas.
Es cierto que algunas de las demandas sociales vienen de mucho tiempo, pero también es verdad que se han profundizado en la actual administración no solo porque siguen insatisfechas, sino porque se han creado otras nuevas, que requieren soluciones concretas de las instituciones del Estado y el acceso de los sectores con menores recursos a bienes y servicios esenciales.
Los problemas sociales se han agudizado en los últimos años en la Republica Dominicana, el alto costo de la vida es insostenible, el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, la calidad de la alimentación, y ahora los aumentos de los combustibles, son desafíos urgentes por su influencia directa en el bolsillo de los ciudadanos y su calidad de vida.
Las deficiencias en el servicio de agua, las tandas de odiosos apagones y las altas tarifas de la factura eléctrica, tienen a la población en una gran incertidumbre, a lo que hay que agregar la gran vulnerabilidad del sistema de transporte con los interminables tapones y las constantes fallas del Metro y el Teleférico, que antes eran el transporte más fiable de la capital y hoy son una fuente de desasosiego para los más de 350,000 usuarios diarios.

La Seguridad ciudadana es otro tema no arranca en este gobierno, la delincuencia y la reforma policial son problemas que siguen pendientes, la protección de la población, que constituye una de las responsabilidades fundamentales del Estado, no está garantizada y la ciudadanía siente temor a ser víctima de un delito por lo que evita determinados lugares u horarios y limita sus actividades nocturnas.

El fracaso gerencial de la educación y el colapso de la calidad educativa a pesar de la asignación del 4%, ha demostrado de forma contundente que el presupuesto sin capacidad gerencial no genera desarrollo, Los últimos resultados en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (como las pruebas PISA) siguen colocando al país en los puestos más bajos (81 de 91 países), mientras el sistema sigue sumido en fallas estructurales profundas.
El desafío del Estado dominicano no es solamente administrar los problemas existentes, sino desarrollar una visión de largo plazo que permita anticiparse a nuevas necesidades sociales. La calidad de la gestión pública se mide, en última instancia, por su capacidad para convertir los recursos y las instituciones del Estado en soluciones concretas para la ciudadanía.
La actual administración del Estado en la República Dominicana enfrenta una compleja coyuntura con demandas sociales históricas y actuales, que necesitan de mucha capacidad, gerencia y voluntad política, de un gobierno fuertemente cuestionado por una falta de planificación estratégica a largo plazo y una tendencia a la improvisación y por serias debilidades de ejecución operativa en los servicios públicos básicos

Es esa debilidad crónica en la gestión operativa, las ineficiencias de los servicios públicos básicos, la delincuencia y el persistente aumento del costo de la vida, así como la desatención de puntuales demandas sociales de la población, lo que está produciendo el fuerte desgaste del gobierno y su impopularidad creciente en sectores de la población que cada vez se manifiestan de forma más crítica frente a la actual administración.
El país necesita solución para sus demandas sociales por lo que se hace necesario fortalecer la capacidad del Estado para transformarlas, en políticas públicas concretas, con planificación, continuidad y resultados verificables, aplicados con transparencia en el uso de los recursos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, teniendo siempre presente los sectores más vulnerables de la población

Luis Fernández, Analista Político y escritor
22/9/26
Santo Domingo R.D.

La XVIII cumbre de los BRICS
Por: Luis Fernández

Culmino el pasado Domingo 13 de septiembre la XVIII cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Dehli, capital de la India, con una serie de exhortaciones a consolidar alianzas y avanzar hacia el multilateralismo y un conjunto de iniciativas orientados a democratizar el sistema internacional, robustecer el comercio local y expandir la infraestructura financiera e industrial hacia el Sur Global.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de las 11 naciones que forman parte del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopia, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Indonesia, también participaron los 12 países socios que integran el bloque en su formato ampliado, Bolivia, Cuba, Venezuela, Vietnam, Nicaragua, Nigeria, Bielorrusia, Malasia, Kazajistan, Tailandia, Uganda y Uzbekistán.

El evento que se desarrolló bajo el lema “Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”, tiene una gran importancia estratégica porque se produce en un momento de fuertes tensiones geopolíticas, fragmentación económica y cuestionamientos al actual sistema internacional, lo que está convirtiendo a los BRICS, en una plataforma cada vez más relevante para los países emergentes y en desarrollo.
Esta XVIII cumbre de los BRICS plantea una mayor participación de los países del Sur Global en las decisiones internacionales y reclama reformas de las instituciones multilaterales, incluida la ONU y como puede convertirse en un actor capaz de influir en la construcción de un orden internacional más multipolar y pasar a convertirse en un actor relevante, ágil y eficaz de la gobernanza mundial.
Los participantes en esta XVIII cumbre de los BRICS aprobaron la declaración de Nueva Delhi, con la intención de fortalecer la cooperación política, económica y financiera, reafirmando la importancia de un sistema internacional multilateral basado en la cooperación, los beneficios compartidos, el derecho internacional y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales.
La declaración plantea una reforma de la gobernanza mundial en base a una mayor representación de los países emergentes y en desarrollo en organismos como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, además impulsa el comercio y las inversiones entre los miembros, así como una mayor utilización de las monedas nacionales y destaca la cooperación frente al cambio climático, la seguridad alimentaria, energética y los desafíos del desarrollo.
El documento promueve la cooperación tecnológica y reclama una gobernanza de la inteligencia artificial que sea inclusiva y beneficiosa para los países en desarrollo, expresa preocupación por los conflictos y defiende el diálogo, la negociación y las soluciones diplomáticas y reafirma el papel de los BRICS como plataforma para que los países en desarrollo tengan mayor capacidad de influencia en las decisiones internacionales.
La declaración conjunta de los BRICS en Nueva Delhi reitera su compromiso con una gobernanza mundial inclusiva y con el fortalecimiento del multilateralismo, piden la paz y la seguridad internacionales y regionales, y subrayan el crecimiento económico global sostenible e inclusivo, así como el refuerzo de la cooperación cultural y entre pueblos, a través del impulso de un sistema internacional y multilateral más justo y equitativo.

En el contexto de las disputas internacionales, el documento señala la importancia de la diplomacia preventiva y la mediación, con el consentimiento de las partes pertinentes, como herramientas esenciales para evitar crisis y prevenir su escalada, de acuerdo con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las disputas internacionales a través del diálogo, las consultas y la diplomacia.
El documento de los BRICS aprobado a unanimidad rechaza las sanciones económicas, medidas unilaterales y otras medidas comerciales restrictivas que no estén respaldadas por el sistema multilateral, expresando su profunda preocupación por el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y exigió el cese de las medidas coercitivas unilaterales.

Los líderes del BRICS también expresaron preocupación por los actuales conflictos en muchas partes del mundo y el actual estado de polarización y fragmentación en el orden internacional y expresaron su oposición al desplazamiento forzoso de los palestinos en gaza y exigieron respeto al derecho internacional y una solución política al conflicto, en cuanto al medio oriente llamaron a la máxima contención, al dialogo y a una solución diplomática.
El papel de los BRICS en la escena mundial adquiere mayor importancia, tanto desde el punto de vista económico como político: la expansión del grupo y el crecimiento de sus economías ha generado un aumento significativo en la economía global y su papel es cada vez más decisivo para que los países de Asia, África y América latina tengan una destacada capacidad de decisión en las instituciones internacionales.
La XVIII cumbre de los BRICS es un importante paso en la discusión sobre el nuevo orden internacional, reforma de la ONU y otros organismos internacionales, defensa del multilateralismo, mayor autonomía financiera, oposición a medidas multilaterales y mayor protagonismo, representación y capacidad de decisión del sur global, frente a las estructuras tradicionales de poder.

Finalmente los lideres de este importante foro internacional declararon su total apoyo a China como próxima presidente del BRICS en 2027 y para la realización de la 19ª Cumbre de esta coalición del sur global que se celebrara en la República Popular China.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
17/9/26
Santo Domingo R.D.

Elecciones, legitimidad y Calidad Democrática en América Latina
Por: Luis Fernández
Las elecciones cuando son verdaderamente libres, democráticas y se desarrollan bajo condiciones de transparencia, equidad, libertad, competencia efectiva y respeto a las instituciones, constituyen uno de los principales mecanismos mediante los cuales la ciudadanía expresa su voluntad política y otorga legitimidad a los gobiernos, algo fundamental para la gobernabilidad democrática.
En América Latina persisten, no obstante, importantes cuestionamientos relacionados con la integridad de los procesos electorales. La utilización abusiva de los recursos del Estado, la desinformación, la manipulación de las redes sociales, la presión sobre los organismos electorales, la judicialización de la política, la injerencia extranjera y las restricciones a determinados actores pueden afectar la confianza ciudadana en el proceso electoral.
Esto deteriora la credibilidad de las instituciones y debilita la aceptación de los resultados, ya que es fundamental la independencia de los organismos electorales, la existencia de un sistema de justicia imparcial y la posibilidad real de que las distintas fuerzas políticas puedan competir en igualdad de condiciones, estos son elementos esenciales para que el voto tenga verdadero significado democrático.
La legitimidad democrática no depende únicamente de quién obtiene más votos, sino también de que esos votos sean obtenidos mediante reglas conocidas, aplicadas de manera consistente e imparcial. Cuando las instituciones electorales actúan con independencia y transparencia y honestidad, tanto el ganador como el derrotado tienen mayores razones para reconocer los resultados.
Por el contrario, cuando existe la percepción de que las reglas se aplican selectivamente o que determinados sectores tienen ventajas indebidas, la legitimidad del sistema queda seriamente comprometida. El desafío latinoamericano, por tanto, no consiste solamente en organizar elecciones, sino en garantizar elecciones auténticamente democráticas.
Esto exige fortalecer la independencia de los organismos electorales, proteger el derecho al voto, combatir la desinformación, asegurar condiciones equitativas de competencia y garantizar mecanismos eficaces para resolver las controversias. La calidad de una democracia se mide también por la capacidad de sus instituciones para garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente y ser respetada, independientemente de quién resulte vencedor.
Sin embargo, la celebración periódica de elecciones no garantiza por sí sola la existencia de una democracia de calidad, donde existan instituciones sólidas, derechos garantizados, participación ciudadana, transparencia y respeto al Estado de derecho, ni ganar unas elecciones garantiza por sí solo plena legitimidad democrática, si estas han sido fruto del fraude, manipulación electoral, exclusión de candidatos etc.
En una democracia participativa verdadera, el poder emana de la ciudadanía y encuentra sus límites en las instituciones, las leyes y los derechos que impiden su ejercicio arbitrario. No basta con elegir periódicamente a los gobernantes; es necesario garantizar que quienes ejercen el poder respeten las reglas democráticas, la separación de poderes y los derechos de todos los ciudadanos.
La democracia participativa también supone que la ciudadanía tenga la capacidad de vigilar, cuestionar y exigir rendición de cuentas a quienes gobiernan. Cuando el poder carece de controles efectivos, puede concentrarse, debilitar las instituciones y terminar convirtiéndose en un instrumento de dominación. Por ello, el poder democrático solo puede ser legítimo cuando está sometido a límites, controles institucionales y al escrutinio permanente de la sociedad.
La calidad de la democracia en América Latina presenta una situación contradictoria. La mayoría de los países mantiene elecciones periódicas y mecanismos de participación ciudadana, pero esto no significa necesariamente que sus democracias sean sólidas. La calidad democrática depende también de la independencia de las instituciones, el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes, la protección de las libertades y la capacidad de los ciudadanos para ejercer efectivamente sus derechos.
Uno de los principales problemas es el deterioro de la confianza en las instituciones democráticas, la corrupción, la desigualdad social, la inseguridad, la impunidad y la incapacidad de algunos gobiernos para responder a las demandas sociales, favorece el desencanto con la democracia. Cuando amplios sectores de la población consideran que las instituciones no representan sus intereses se genera frustración y desconfianza.
Otro elemento fundamental es la independencia institucional. Una democracia pierde calidad cuando los organismos electorales, los tribunales, el Congreso o los órganos de control quedan sometidos a intereses partidarios o al poder de turno. Las reglas democráticas deben aplicarse de manera consistente, imparcial y sin privilegios, tanto para quienes gobiernan como para quienes están en la oposición.
El desafío latinoamericano no es solamente mantener elecciones, sino construir democracias con legitimidad capaces de garantizar derechos, limitar el poder, combatir la corrupción y ofrecer igualdad de oportunidades políticas. Una democracia participativa de calidad es aquella en la que la ciudadanía no solo elige a sus gobernantes, sino que también puede controlar su actuación y exigir rendición de cuentas.
Además, confiar en que las instituciones protegerán sus derechos independientemente de la orientación política de quienes ejercen el poder, la democracia latinoamericana no debe evaluarse únicamente por la existencia de elecciones, sino por la calidad de las instituciones y por la capacidad real de estas para garantizar la voluntad popular, el pluralismo y el Estado de derecho.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
14/9/26
Santo Domingo R.D.

El Informe 2026 de la OIM sobre la Migración en el Mundo
Por: Luis Fernández
El informe 2026 sobre la migración en el mundo, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aporta importantes datos y reflexiones que ayudan a entender el fenómeno migratorio y como este sigue siendo un motor esencial para la economía global. Los estrictos controles fronterizos y restringir las vías legales no frenan la movilidad, sino que la desvían hacia rutas irregulares, peligrosas y costosas.
El informe señala que,” el corredor migratorio internacional entre México y los Estados Unidos sigue siendo el mayor del mundo, con unos 11 millones de personas nacidas en México que en 2024 residían en los Estados Unidos. También se destacan los corredores entre Afganistán y la República Islámica de Irán, entre la República Árabe Siria y Turquía, entre la Federación de Rusia y Ucrania, y entre la India y los Emiratos Árabes Unidos.
La migración internacional sigue siendo un fenómeno importante, pero las personas que abandonan su país de origen para residir en otros representan una proporción reducida de la población mundial, a penas 304 millones de migrantes internacionales a nivel global, lo que representa aproximadamente el 3,7% de la población mundial, la que es estimada por la ONU para este 2026 en 8,3 millones de habitantes.
Estos datos confirman que la mayoría de las personas siguen viviendo en su país de nacimiento, por más que la movilidad siga siendo fundamental para los sistemas económicos y sociales, pero la realidad es que los desplazamientos humanos siguen siendo significativos, en el 2025 se registraron casi 118 millones de personas desplazadas en todo el mundo, incluidos refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos.
En el mismo año, se registraron 62 millones de desplazamientos o movimientos internos, entre los cuales 29.9 millones estaban relacionados con desastres naturales y 32.2 millones con conflictos y situaciones de violencia, por lo que hay que entender que este fenómeno es permanente y que hay que gestionarlo de manera ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos.
La migración sin embargo tiene un impacto considerable en determinados países y regiones, los países receptores pueden experimentar un aumento de su población en edad laboral, lo que plantea diversos problemas, cuando esto supera la capacidad de respuesta de sus instituciones, mientras que los países de origen enfrentan pérdida de población joven, aunque también reciben remesas y otros beneficios económicos.
La OIM señala en el informe que, “Los patrones migratorios mundiales siguen estando influidos por la convergencia de cambios tecnológicos, desigualdad económica, transformaciones demográficas, conflictos y presiones ambientales. La mayoría de las personas migran por motivos laborales, educativos, familiares y de protección”. Por lo que hay que dejar de politizar los asuntos migratorios y fortalecer su gobernanza.

La migración en condiciones de riesgo volvió a cobrarse un importante número de víctimas. En 2025, se registraron más de 7.900 muertes de migrantes en todo el mundo, lo que pone de relieve las condiciones cada vez más peligrosas asociadas a las rutas de migración irregular y a los contextos afectados por crisis. La migración en condiciones de riesgo sigue cobrando más vidas que nunca.

El Informe 2026 de la OIM sobre Migración en sus conclusiones plantea,” la migración contribuye de manera significativa al desarrollo sostenible y a la innovación a través de la movilidad laboral, el intercambio de competencias y la participación de las diásporas; no obstante, la migración irregular, la trata de personas, la explotación y las dificultades para acceder a las vías regulares siguen planteando retos importantes”.

Y agrega, “la xenofobia y la tergiversación de datos fácticos y empíricos sobre la migración influyen cada vez más en el debate público y en las políticas. La propagación de información errónea y la desinformación se amplifican a través de las redes sociales y las herramientas basadas en la IA, contribuyendo a la adopción de medidas restrictivas que socavan los derechos y la cohesión social”.

El Informe OIM 2026 permite afirmar que el principal reto no consiste solamente en detener la migración, sino en gobernarla mejor. Los países necesitan políticas que combinen seguridad fronteriza, protección de los derechos humanos, oportunidades de migración regular, segura y ordenada, integración social y cooperación internacional, lejos de la manipulación política y de la desinformación migratoria, que persiguen convertir la migración en una amenaza.

Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2026 de la OIM,
Las políticas migratorias actuales están marcadas por una tensión entre el control de las fronteras y la necesidad de garantizar vías legales y seguras para migrar, señalando que muchos países han endurecido los controles, mientras que las vías regulares siguen siendo selectivas y desigualmente accesibles, por lo que hay que evitar que las políticas públicas se conviertan en mecanismos de discriminación y exclusión.

Es necesario fortalecer la gobernanza de la migración mediante una inversión renovada en los mecanismos de protección de los migrantes, la ampliación de vías de migración regular y segura y el fortalecimiento de los sistemas de información y datos. Las políticas migratorias deben sustentarse en evidencia empírica y análisis objetivos, y no en percepciones, discursos políticos sesgados o intereses coyunturales.

La migración contemporánea se ha convertido en un fenómeno global, complejo y cambiante que no debería convertirse en un instrumento de confrontación política, discriminación o exclusión. Por el contrario, requiere políticas públicas capaces de conciliar la seguridad y el control fronterizo con la protección de los derechos humanos, la integración y el desarrollo, una mejor gobernanza migratoria significa más datos, más vías regulares y mayor protección para los migrantes.

Luis Fernández, Analista Político y escritor
10/9/26
Santo Domingo R.D.

Ecuador: Deterioro del Pluralismo Político
Por: Luis Fernández
Ecuador conocido informalmente como “el país de la mitad del mundo”, debido a que su territorio está atravesado por la línea ecuatorial, que divide el planeta en los hemisferios norte y sur, se encamina a sus elecciones seccionales, originalmente previstas para febrero de 2027, adelantadas para el 29 de noviembre de 2026, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el argumento de evitar posibles inconvenientes, relacionados con factores climáticos que pudieran afectar la jornada electoral.
El adelanto de las elecciones seccionales ecuatorianas constituye un desafío para la equidad de la competencia electoral, pues reduce los tiempos disponibles para que partidos y movimientos organicen sus candidaturas y campañas, aunque el CNE justificó el cambio, la modificación exige garantizar que todas las fuerzas políticas, dispongan de condiciones y plazos suficientes para competir en igualdad.
El Ecuador celebró sus últimas elecciones presidenciales en abril del 2025 donde se reeligió el presidente Daniel Noboa, en un proceso electoral acompañado de fuertes controversias y cuestionamientos de la oposición, con denuncias de fraude, las condiciones de competencia y el uso de la estructura estatal durante la campaña, el correísmo denunció que enfrentó condiciones políticas e institucionales desfavorables.
Además, la violencia y las medidas extraordinarias adoptadas durante el proceso plantearon interrogantes sobre las condiciones para una campaña plenamente competitiva, lo que puso a prueba la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), del sistema de justicia electoral y si la elección se desarrolló, bajo condiciones suficientemente equitativas para todos los competidores.
Después de estas controvertidas elecciones, el país fue convocado a una consulta popular en el mes de noviembre del 2025, donde la población rechazó contundentemente con un no, las 4 preguntas sometidas:1) Asamblea constituyente, rechazada por el 61.58%, 2) retorno de bases militares extranjeras, con el 60.58%, 3) fin del financiamiento estatal a partidos, con el 58.07%, y 4) reducción del número de legisladores, con el 53.46%.

Este resultado fue un serio revés para el mandatario Daniel Noboa, lo que fue influenciado por el desgaste en la gestión de la crisis energética, sanitaria y el repunte de problemas de seguridad en el país, en la actualidad el Ecuador avanza a sus próximas elecciones seccionales, el 29 de noviembre del presente año, en un escenario de problemas y alta tensión política e institucional.
Los casos de judicialización política y las disputas entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y las organizaciones políticas han aumentado la incertidumbre sobre las condiciones de participación, de las organizaciones políticas de oposición que han tenido que enfrentar restricciones y medidas que buscan dificultar y limitar la participación de partidos, candidatos y ciudadanos.
Los casos de suspensión y cancelación de organizaciones políticas de oposición , algunas de las cuales han quedado impedidas de presentar candidatos propios y otras han tenido dificultades para su participación electoral, entre ellas el Movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), SUMA, Izquierda Democrática (ID), Unidad popular (UP), RETO, Construye y el Movimiento Amigo que llevaría candidatos de Revolución Ciudadana y los intentos de restricciones al movimiento indígena Pachakutik, han generado fuertes críticas y tensiones internacionales.
El amedrentamiento judicial y la apertura de causas penales a figuras claves de la oposición han provocado que lideres del correísmo como Luisa González, tengan que hacer frente a importantes obstáculos y amenazas con el fin de impedir que pueda competir por la prefectura de Manabí y lideres de la oposición , partidos y candidatos, de Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Pujilí y otros a restricciones de todo tipo, lo que hace pensar en una exclusión política deliberada y en un deterioro del pluralismo político en el Ecuador.
Este deterioro democrático en Ecuador ha provocado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un llamado de atención al Estado ecuatoriano. El organismo internacional exigió garantizar condiciones de participación plurales, previsibilidad jurídica y equidad en la contienda para evitar poner en desventaja a las agrupaciones políticas, e igualdad de condiciones y derecho del electorado a contar con pluralidad de alternativas.
La CIDH además advirtió que el adelanto de los comicios altera los principios de seguridad jurídica e igualdad de condiciones para competir. Este llamado del organismo internacional al Estado Ecuatoriano tiene especial relevancia en un contexto, en el que el cuestionamiento sobre la suspensión de organizaciones políticas y las dificultades enfrentadas por sectores de la oposición para participar en el certamen electoral, han desatado un fuerte debate legal y político.
El Ecuador está ante una gran encrucijada ya que su régimen está fuertemente cuestionado, estas elecciones deben ser un termómetro directo para medir el respaldo popular del presidente Daniel Noboa y su partido oficialista (Acción Democrática Nacional, ADN), una reconfiguración del poder territorial que defina el control de las alcaldías y prefecturas y Una prueba de fuego para la democracia y la institucionalidad.
El proceso democrático en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos y críticos de las últimas décadas, el país sufre un retroceso de la institucionalidad democrática, donde las reglas del juego político se han vuelto impredecibles, por lo que el desarrollo de la jornada y la legitimidad de los resultados determinarán si el país logra estabilizar su crispación política o si se profundiza la desconfianza ciudadana y el aislamiento internacional ante las advertencias de organismos como la CIDH.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
7/9/26
Santo Domingo R.D.

La 21 Sesión Extraordinaria de la Union Africana
Por: Luis Fernández
Con representaciones diplomáticas de 49 de los 55 Estados miembros, se reunió el pasado 30 de agosto en Luanda capital de la república de Angola, la 21.ª sesión extraordinaria de la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA), con el objetivo central de reformar radicalmente la arquitectura de paz y seguridad en África, pasando de una postura de gestión de crisis a una estrategia agresiva de prevención.
En el evento participaron los presidentes, João Lourenço: presidente de Angola (anfitrión de la cumbre y Campeón de la UA para la Reconciliación), Évariste Ndayishimiye: presidente de Burundi y jefe de turno interino de la conferencia de la UA., José María das Neves: presidente de Cabo Verde, John Dramani Mahama: presidente de Ghana, Netumbo Nandi-Ndaitwah: presidenta de Namibia, Brahim Ghali: presidente de la República Saharaui (RASD) y el primer ministro de Lesoto Samuel Ntsokoane Matekane.
Además, participaron los vicepresidentes Bola Tinubu de Nigeria, Constantino Chiwenga de Zimbabue, Argelia Representada por Salah Goudjil, presidente del Consejo de la Nación (Cámara Alta), junto a su embajador en Angola, Mounir Bourouba, Sudán del Sur por el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Dr. James Pitia Morgan, las demás delegaciones enviaron ministros de Relaciones Exteriores u otros funcionarios.

En la apertura de la cumbre, el presidente angoleño y anfitrión de la reunión, João Lourenço, subrayó “la necesidad de hacer más eficaces los instrumentos de que dispone África para prevenir conflictos, mediar en crisis y garantizar la aplicación de las decisiones que adoptamos colectivamente”, “debemos movilizar los instrumentos políticos, diplomáticos, financieros e institucionales a nuestra disposición para prevenir los conflictos antes de que se conviertan en guerras y para poner fin, cuanto antes posible, a los conflictos ya existentes”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, pidió hoy que la cumbre en Luanda sea de decisiones necesarias para reforzar la capacidad de África para asumir colectivamente su paz y seguridad, mencionó que desde el sur y el este de la República Democrática del Congo (RDC) hasta Somalia y el Sahel, desde Libia hasta el norte de Mozambique, pasando por Madagascar, atraviesan crisis persistentes y tensiones preocupantes.

Los líderes destacaron en sus debates que la prevención sigue siendo el “talón de Aquiles” de la organización y urgieron pasar de la gestión de crisis a la alerta temprana y respuesta rápida, para lo que abordaron
de manera urgente los focos de inestabilidad y violencia en Sudán, el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia, además de las amenazas del terrorismo en la región del Sahel.
Los participantes concluyeron que el problema de África ha sido reaccionar tarde a los conflictos de la región y en consecuencia acordaron reforzar de manera integral, el Sistema Continental de Alerta Temprana para detectar tensiones antes de que deriven en guerras abiertas y la coordinación vinculante entre los mecanismos de la propia Unión Africana y los bloques económicos regionales (como la Comunidad Económica de los estados de África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad de Desarrollo de África Austral SADC).

Para acabar con la alta dependencia de donantes occidentales y lograr la autonomía financiera para operaciones de paz, se establecieron pautas de financiamiento soberano y exigir la aplicación de la Resolución 2719 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual abre vías para financiar misiones lideradas por la UA con cuotas de Naciones Unidas movilizando de forma inmediata recursos del sector privado y financiero interno (como Afreximbank) para robustecer el Fondo de Paz de la UA de manera autónoma.

La cumbre concluyó con la Adopción de la “Decisión de Luanda” y con la firma de un Plan de Acción y una Matriz de Implementación con plazos e indicadores obligatorios con el objetivo de evitar que los acuerdos queden en simples declaraciones retóricas y forzar resultados concretos y medibles a nivel operativo para detener la escalada de violencia continental y fortalecer su capacidad para prevenir y resolver conflictos en el continente.

El texto subraya que los compromisos asumidos por los Estados miembros deben traducirse en la prevención y resolución de conflictos en África y apunta que el terrorismo y el extremismo violento, las crisis políticas, los cambios inconstitucionales de gobierno, los conflictos, las amenazas cibernéticas y de desinformación y las rivalidades geopolíticas son algunos de los desafíos para lograr la paz.

La declaración indica que se requiere la rendición de cuentas en todos los mecanismos de la UA, incluido el Consejo de Paz y Seguridad, para garantizar una mayor eficacia en la ejecución de las decisiones adoptadas y la necesidad de fortalecer la responsabilidad financiera africana en la agenda de paz y seguridad, sin descartar la cooperación internacional basada en el respeto mutuo, la soberanía, la integridad territorial y la propiedad africana de las soluciones a los desafíos del continente.
La Decisión de Luanda documento que selló la cumbre de la Unión Africana (UA) sobre la resolución y prevención de conflictos, es un importante intento, por lograr una capacidad propia para enfrentar las crisis del continente y una mayor autonomía en materia de paz y seguridad, reduciendo dependencias excesivas de determinados actores externos, que afecten sus capacidades para prevenir y gestionar sus propios conflictos.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
3/9/26
Santo Domingo R.D.

seguridad Ciudadana: Una Tarea Pendiente
Por: Luis Fernández
La inseguridad ciudadana en la República Dominicana continúa siendo uno de los principales problemas sociales y políticos del país, la población sigue enfrentando robos, violencia, delincuencia organizada, conflictos interpersonales y temor a ser víctima de un delito, el gobierno actual en sus 6 años de ejercicio del poder no ha podido hacer frente con éxito, este grave problema que afecta profundamente a la sociedad dominicana.
La inseguridad tiene múltiples causas, entre ellas se encuentran la delincuencia y el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia interpersonal, la desigualdad social y las deficiencias institucionales, el problema también tiene una estrecha relación, con la falta de oportunidades y las deficiencias de una política de prevención y de la justicia, lo que impide prevenir sus causas y construir una política de seguridad sostenida, coordinada y efectiva.
La actual administración carente de planes concretos y experiencia de Estado sobre este tema, optó por la improvisación haciendo que las áreas responsables de la seguridad ciudadana actuaran de inicio sin una estrategia concreta, con acciones y medidas improvisadas, que no han logrado responder de manera integral a la preocupación ciudadana, que requiere soluciones estructurales y permanentes.
La inseguridad ciudadana en la República Dominicana no puede enfrentarse con acciones y respuestas coyunturales, el país necesita una política de seguridad con objetivos claros, planificación y continuidad, que no se limite a reaccionar ante los delitos una vez ocurridos. Reducir la inseguridad exige actuar sobre sus causas, fortalecer la Policía y la Justicia, combatir el crimen organizado, prevenir la violencia y crear oportunidades para los sectores más vulnerables.
Mucha razón a tenido el secretario de seguridad y defensa del PLD Sigfrido Pared Pérez, al afirmar en un programa de televisión, que los planes de seguridad del actual gobierno han fracasado debido a una falta de visión institucional y que la reforma de la policía también ha fracasado por la importación de asesores que, si bien sus aportes son importantes, no responden a la Genesis particular del organismo policial y son un desprecio al talento nacional.
Pared Pérez agrego que, “En lugar de consolidar un proceso gradual que aprovechara el criterio de oficiales capacitados –tanto activos como en retiro- para corregir las deficiencias históricas, el Poder Ejecutivo optó por una retórica de desmantelamiento total que terminó generando desmotivación y un marcado celo institucional dentro de las filas policiales”, recordó que la Policía Nacional posee raíces y antecedentes históricos específicos que exigen una adecuación progresiva y no la imposición lineal de esquemas extranjeros.
Asimismo, el secretario de Defensa y Seguridad del PLD criticó el enfoque desmedido en la formación académica universitaria como prioridad operativa, advirtiendo que la ciudadanía no necesita profesionales del derecho patrullando, sino agentes debidamente entrenados en técnicas de patrullaje, mediación y prevención del delito barrial. A su juicio, priorizar la titulación universitaria sobre la preparación técnica y el acercamiento comunitario desvirtúa el rol de la fuerza pública, dejando desprotegidas a las comunidades frente al auge de la delincuencia y la violencia cotidiana.
El gobierno del PRM y Luis Abinader han anunciado reformas y planes de seguridad, pero la ciudadanía necesita algo más que anuncios y respuestas coyunturales: necesita una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente. Una política de seguridad que actúa principalmente después de que ocurren los hechos corre el riesgo de convertirse en una sucesión de respuestas aisladas, sin atacar suficientemente las causas estructurales de la inseguridad.
La actual gestión ha mostrado supuestos resultados en algunos indicadores, pero no ha logrado responder de manera integral y profunda a la preocupación ciudadana por la inseguridad, Por eso, enfrentarla requiere una estrategia integral, una Policía profesional, una Justicia eficiente, prevención social, educación, empleo para los jóvenes y mayor control del crimen organizado.
El gobierno ha anunciado estadísticas en las cuales informa de una supuesta reducción de homicidios como un logro, sin embargo, la inseguridad ciudadana no puede medirse únicamente por la tasa de homicidios, también deben considerarse los robos, atracos, Violencia de género, delincuencia juvenil, tráfico de drogas, armas ilegales, extorsiones y la percepción de inseguridad que experimenta la población, para determinar si existe realmente una mejora integral de la seguridad ciudadana.
La realidad es que el gobierno del PRM ha sido incapaz en los 6 años de su gestión del Estado, de reducir con resultados concretos y de manera efectiva la inseguridad y atacar sus causas estructurales, la seguridad ciudadana no debe plantearse únicamente como “más policías y más cárceles”. Una verdadera política de seguridad debe combinar: Prevención, Policía profesional, Justicia eficiente, Control del crimen organizado, Reforma penitenciaria y Desarrollo social.
la República Dominicana necesita una política de seguridad que combine firmeza frente al delito con prevención, institucionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. El objetivo no debe ser solamente disminuir las estadísticas de criminalidad, sino construir un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia y confianza en sus instituciones, y en el respeto a la ley.
La seguridad ciudadana requiere algo más que aumentar la presencia policial, algo más que anuncios, declaraciones, estadísticas y respuestas coyunturales, necesita una transformación institucional capaz de combinar prevención, profesionalización, inteligencia, justicia, participación comunitaria y respeto a los derechos ciudadanos, una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
31/8/26
Santo Domingo R.D.

El Tercer Congreso Panamericano
Por: Luis Fernández
Con la participación de más de 150 dirigentes de 15 países y territorios de América, se celebró del 21 al 23 de agosto del presente año en Montevideo capital del Uruguay, el tercer congreso Panamericano importante foro político-parlamentario, vinculado principalmente a las fuerzas democráticas y progresistas de América latina, que buscan construir una agenda común para el continente.
El primer congreso fue realizado en 2024 en Bogotá capital de Colombia, impulsado por el entonces presidente Gustavo Petro, su segunda edición se realizó en la ciudad de México en 2025 con el respaldo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el tercero es el actual celebrado en Uruguay con el lema, “Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones”.
El lema expresa dos ideas fundamentales: la unidad y cooperación entre los pueblos de América y la defensa de la soberanía de cada nación frente a injerencias externas, en el evento las fuerzas progresistas y democráticas de la región abordaran tres problemas íntimamente relacionados: el avance de la derecha, el debilitamiento de la democracia y la desinformación.
En el congreso participan legisladores, expresidentes, ministros, académicos, activistas e invitados especiales, entre los que destacan, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay, Gabriel Boric, expresidente de Chile, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires, Camila Vallejo, dirigente chilena.
Además, Carolina Rangel secretaria nacional de Morena de México, Humberto Costa senador y dirigente del PT de Brasil, Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García congresistas de los Estados Unidos y como invitadas especiales Jeannette Jara excandidata presidencial de Chile y Rixi Moncada excandidata presidencial de Honduras y Representantes políticos y parlamentarios de otros países de la región.
El tercer congreso panamericano conocerá relevantes temas como, crisis de la democracia y avance de posiciones autoritarias, avance de la derecha en América Latina y cómo debe responder la izquierda, soberanía nacional y regional frente a la influencia de Estados Unidos, migración y migraciones forzadas, desigualdad y costo de vida, crimen organizado y capacidad del Estado, transición energética y cambio climático. tecnología y soberanía digital, nuevas formas de comunicación y desinformación e integración latinoamericana.
Uno de los objetivos centrales del Congreso es discutir por qué las fuerzas progresistas están perdiendo terreno electoral y cómo responder a ese fenómeno, la cuestión no se plantea simplemente como una lucha entre izquierda y derecha. El desafío es recuperar la confianza de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, mediante propuestas capaces de responder a problemas concretos como el costo de vida, la inseguridad, el empleo, la desigualdad y la transformación tecnológica.
Otro aspecto importante del congreso es el tema de la desinformación, el cual trate en mi último artículo, ya que distorsiona la opinión pública, aumenta la polarización y deteriora la confianza en las instituciones y es un desafío para la democracia, la vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse vinculó la dificultad para distinguir la información verdadera de las noticias falsas con el peligro que representa el desinterés por la verdad para la democracia. Además, la chilena Camila Vallejo señaló desde el Congreso la necesidad de abordar conjuntamente desinformación, inteligencia artificial y soberanía digital.
El Congreso no solamente pretende defender a la izquierda frente a la derecha. Busca construir una agenda continental sobre democracia, integración, soberanía, tecnología y desarrollo. El propio Congreso señala que el objetivo es renovar la cooperación panamericana frente a los desafíos actuales y enfrentar la concentración del poder económico, tecnológico y comunicacional.
La batalla democrática de los pueblos en el presente no se libra únicamente en las elecciones; también se libra en el espacio de la información. Cuando la mentira, la manipulación y la desinformación sustituyen a los hechos, el ciudadano pierde capacidad para decidir libremente. Por eso, defender la democracia exige defender también el derecho de los pueblos a recibir información veraz, plural y verificable.
El tercer congreso panamericano podría ser un gran esfuerzo para construir una visión común para América frente a los cambios políticos, económicos, tecnológicos y geopolíticos actuales y para que la cooperación entre los países sirva para fortalecer una democracia cada vez más participativa, el multilateralismo, la soberanía y autodeterminación de los pueblos y el bienestar de las sociedades latinoamericanas.
El principal desafío del congreso es lograr que no solo queden en discursos, declaraciones y debates sus deliberaciones, sino que las mismas sean convertidas en acciones concretas, que permitan la rearticulación política de la izquierda progresista de la región, frente al retroceso democrático, los avances de la derecha, la fragmentación regional y las nuevas formas de desigualdad e incertidumbre.
Todo dependerá de la capacidad de las fuerzas democráticas y progresistas, para construir una nueva propuesta capaz de responder a los problemas actuales y recuperar la esperanza de los pueblos, en la democracia participativa, justicia social, soberanía, bienestar colectivo, paz, capacidad de renovación política y la defensa de los intereses comunes de los pueblos latinoamericanos. El próximo congreso panamericano será en Brasil en 2027.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
27/8/26
Santo Domingo R.D.

Desinformación, Desafío para la Democracia
Por: Luis Fernández
La desinformación como fenómeno político, social y comunicacional consiste en la creación, manipulación o difusión deliberada de información falsa o engañosa con el propósito de influir en las percepciones, decisiones y comportamiento de las personas, contribuyendo a alterar la percepción de la realidad y afectar el funcionamiento de la democracia y de la sociedad.
En los últimos años su expansión se ha acelerado con las redes sociales y las plataformas digitales, donde los contenidos falsos pueden difundirse en minutos y alcanzar a millones de personas, este fenómeno tiene una especial importancia en América Latina, porque afecta la formación de la opinión pública de la región, de modo que las personas no puedan distinguir entre verdad y falsedad.
La manipulación de los hechos, la difusión de rumores, las noticias falsas, los contenidos sacados de contextos y los materiales generados mediante inteligencia artificial, son frecuentemente utilizados para desacreditar personas, dirigentes políticos, instituciones públicas y privadas, partidos políticos, gobiernos y procesos electorales, lo que busca general confusión y desconfianza en las personas.
El efecto de la práctica maliciosa de la desinformación en los procesos electorales que busca influir en el comportamiento de los ciudadanos es altamente preocupante y una gran amenaza para la democracia, ya que puede influir en los votantes, afectar la imagen de los candidatos, cuestionar la legitimidad de los resultados, debilitar la transparencia y dañar la confianza en las autoridades electorales.
En el marco de la consolidación de las tecnologías digitales, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea se han convertido en importantes mecanismos de participación política, por los beneficios de estas plataformas para incrementar el grado de conocimiento público, no obstante, se observa un notable auge de la difusión de contenidos falsos o inexactos que lastran la confianza en las instituciones.
En la vida pública de una nación y en el mundo actual, la verdad en pocas ocaciones circula sola, casi siempre esta rodeada de medias verdades y en muchas ocaciones es sustituida por falsedades , con el fin de imponerse como si se tratara de hechos reales, lo que contribuye a la confusión de las sociedades y debilita la capacidad de los ciudadanos para comprender su realidad.
Sobre estos conceptos Juan Bosch decía que, en la vida de los pueblos la verdad suele caminar con dificultad, pero la mentira avanza con rapidez, porque se apoya en el interés de quienes desean ocultar la realidad. La verdad exige estudio, reflexión y honestidad; la mentira en cambio solo necesita repetirse muchas veces para intentar convertirse en apariencia de verdad.
Vivimos rodeados de noticias falsas y verdades a medias que se presentan como información verdadera, con el propósito de aumentar su capacidad de persuasión y desorientar a la población. Esta realidad nos obliga a reflexionar críticamente sobre la información que recibimos, verificar sus fuentes y protegernos de la mentira, otorgando credibilidad y autoridad únicamente a aquellas fuentes que difunden hechos comprobables, reales y sustentados en evidencias.
La mentira ha estado históricamente vinculada al ejercicio de la política y continúa siendo una de las prácticas que más deterioran la confianza de la ciudadanía y el sistema democrático. En las democracias representativas, determinados dirigentes de la ultraderecha recurren a la manipulación del discurso, la omisión de información, la tergiversación de los hechos y el ocultamiento de la verdad para influir en la percepción pública y proteger sus intereses políticos.
En el debate político actual, la desinformación cuando es utilizada con fines políticos permanentes es un grave atentado a una democracia justa caracterizada por ciudadanos bien informados, capaces de contrastar las fuentes y distinguir entre hechos, opiniones y contenidos manipulados, que solo sirven para desviar la atención de los problemas sociales, desacreditar a sus adversarios y dificultar la capacidad de la ciudadanía para cuestionar y transformar las estructuras existentes.
La historia demuestra que, con frecuencia, los sectores que concentran el poder han intentado apropiarse de la verdad y presentarse como los únicos poseedores del conocimiento. Desde esa posición, buscan deslegitimar, silenciar o desacreditar cualquier sector que cuestione sus intereses. De esta manera, convierten la mentira y la calumnia en instrumentos de poder, utilizando la desinformación de forma sistemática para manipular la realidad, fomentar el odio y dividir a la sociedad.
Combatir la desinformación, es también una forma de defender la democracia, la libertad de pensamiento y el derecho de la ciudadanía a decidir sobre su propio destino con base en hechos verificables y no en engaños o manipulaciones, lo que significa defender, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y comprobable.
Luis Fernández, Analista Político y escritor
24/8/26
Santo Domingo R.D.